Hace 25 años, la perversa indulgencia de un jurado formado por 12 personas de raza blanca al declarar no culpables a cuatro policías capturados en un video, mientras le daban una despiadada paliza a un joven negro que no les presentaba ninguna resistencia, desató la ira y la indignación de la mayoría de los ciudadanos de Los Ángeles y la destrucción parcial de la ciudad.
El violento incidente contra Rodney King lo vimos todos en esta ciudad, entre la incredulidad y el coraje, en los noticieros de televisión gracias a que un vecino que oyó el alboroto afuera de su casa lo filmó y lo cedió para que lo transmitieran.
La tarde del 29 de abril de 1992, en cuanto se supo el resultado del veredicto, empezó una violencia que por momentos parecía incontrolable. Por esas fechas yo era el director ejecutivo de noticias de un canal de televisión angelino y fue testigo presencial de los hechos.
Lo que empezó como una respuesta indignada y desesperada de la comunidad negra ante el maltrato policial, y la imperdonable falla del sistema de justicia, pronto se convirtió en un coliseo de terror que duró un poco más de cinco días.
Desafortunadamente, la mayor parte de las víctimas de la violencia desatada nada tenían que ver ni con la golpiza a King ni con la decisión del jurado. Eran personas que circulaban en sus vehículos por las zonas donde los rijosos se concentraban y que eran seleccionadas al azar. A veces el criterio era el color de su piel, blanca, o su etnicidad coreana.
Y ya, en medio del desorden, empezaron los saqueos a los pocos comercios de la zona y luego los incendios de casas, almacenes, tiendas y bodegas. Toda esta destrucción ante la mirada atónita de la policía paralizada por el temor y la indecisión de autoridades superiores.
Para los activistas de izquierda, los sucesos de 1992 fueron un acto de rebelión de las minorías reprimidas y oprimidas, causado por el abuso policial, la desesperanza y la falta de oportunidades de las poblaciones minoritarias de la ciudad. Yo creo que calificarla de rebelión es desproporcionado porque de parte de los violentos no había ninguna organización militante que se planteara seriamente enfrentar a la autoridad para implantar un sistema diferente. Es cierto que fue una reacción espontánea de un grupo de personas en respuesta a dos incidentes bochornosos, pero todo se quedó en un estallido que mayoritariamente afectó a los habitantes del área, con mayor concentración de poblaciones minoritarias.
Lo importante ahora, en todo caso, es precisar cuál es la resonancia de los disturbios de 1992, en qué instancias se ha avanzado y en cuáles no.
La semana pasada, una encuesta hecha por una universidad local reveló que el 76% de los angelinos considera buena la relación entre los distintos grupos raciales y étnicos. Otra buena noticia es que el desempleo en la ciudad ha disminuido notablemente y está ahora a la mitad de lo que estaba en 1992. Lo malo es que el índice de pobreza en la ciudad se mantiene a los mismos niveles de hace un cuarto de siglo.
Otro cambio notable ha sido la transformación de la policía de ahora con la de entonces. Sigue habiendo incidentes violentos entre la policía y algunos grupos minoritarios, pero la opresión racial en Los Ángeles ha disminuido marcadamente. Y este progreso se debe, en primer lugar, al cambio del estilo cuasifascista de la policía dirigida por Daryl Gates, a la policía comunitaria del jefe Charlie Beck.
Otro cambio que ha servido para relajar las tensiones raciales ha sido la elección de los tres últimos alcaldes de la ciudad, James Hahn, Antonio Villaraigosa y Eric Garcetti, de clara inclinación progresista, los dos últimos de origen mexicano.
¿Significa esto que la ciudad se ha inmunizado y no puede volver a darse un estallido social motivado por las desigualdades raciales o económicas? No. La ciudad ha hecho su parte, pero necesita de la participación del Gobierno federal para financiar mejoras al sistema educativo, reentrenar a los trabajadores desplazados por la globalización y crear más oportunidades económicas para todos.
Desafortunadamente, el actual Gobierno federal carece de la visión, la preparación, el interés y la pericia necesarias para mejorar el bienestar de las minorías.
