Nicolás Maduro ha pedido a sus seguidores que se preparen para una “victoria electoral pronta”. En paralelo, decenas de miles de venezolanos llevan ya días saliendo a las calles del país exigiendo que el Gobierno acate la Constitución y que se celebren elecciones cuanto antes. No parece haber pues impedimento alguno para que el mandatario convoque inmediatamente unos comicios presidenciales libres y transparentes, bajo supervisión de la Organización de Estados Americanos.
Por el contrario, si las declaraciones de Maduro responden a la habitual retórica vacía populista cuyo único fin es arañar tiempo en el poder, entonces está cometiendo un gravísimo error de trágicas consecuencias para todo el país. Los tres muertos de la manifestación del jueves son un triste recordatorio del grado de tensión y desencuentro social al que la gestión chavista ha llevado a toda la sociedad.
Destaca ante una situación tan peligrosamente inestable la irresponsabilidad de Tarek el Aissami, vicepresidente de Venezuela —y acusado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos de ser un jefe del cartel de los Soles encargado del narcotráfico en el Caribe—, quien en vez de tratar de calmar los ánimos, como correspondería a un gobernante, ha culpado de las muertes del jueves al presidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges. Se trata de una acusación calcada por la que el preso político y líder opositor Leopoldo López lleva ya en una prisión militar en régimen de aislamiento tres años.
Ante una situación de tensión creciente y de bloqueo político total, lo razonable y lo obligado es permitir a los venezolanos que expresen su opinión libremente. La convocatoria electoral probablemente reduciría el enfrentamiento en la calle y centraría los esfuerzos de todos en los comicios. Pero la decisión está en manos de una sola persona: Nicolás Maduro.