El presidente colombiano, Juan Manuel Santos, acaba 2013 con vientos favorables para su candidatura a la reelección el próximo mes de mayo. La economía confirma su solidez con un crecimiento del 5.1% en el tercer trimestre.
Las encuestas muestran un repunte de su popularidad, que había caído hasta el 29%. Y el diálogo con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) cumple su primer año con resultados concretos: los acuerdos sobre tierras y desarrollo rural y sobre participación política, dos de los seis puntos de la agenda.
Ajustadas a unos criterios muy estrictos, para evitar que se repitan los fiascos anteriores, las conversaciones se han desarrollado con seriedad. Pero ahora comienza el camino más difícil.
Cuando Gobierno y guerrilla vuelvan a verse las caras en La Habana, el próximo 13 de enero, quedarán pendientes de negociar la cuestión del narcotráfico (una de las principales fuentes de financiación de las FARC), las víctimas, el fin del conflicto y la aplicación de los acuerdos.
Implícito está el asunto más delicado: el futuro legal de los guerrilleros, particularmente de sus cabecillas. Las víctimas y la opinión pública, y ahí las encuestas son inmisericordes, difícilmente aceptarían una salida que abra la puerta a la impunidad.
Con un rechazo popular del 93%, las FARC pretenden que los acuerdos desemboquen en una Asamblea Constituyente para “refundar el país”. Han previsto incluso su composición: 141 representantes, de los que ellos se adjudican una cuota por designación, ahorrándose el enojoso trámite de pasar por las urnas.
Cabe recordar que Colombia se dotó en 1991 de una Constitución ampliamente consensuada. Está claro que el Gobierno no debe ceder en eso ni debe eludir su compromiso de someter a referéndum los acuerdos que salgan de la negociación.
Se avecinan meses azarosos para el diálogo. No solo porque las FARC sigan ensangrentando el país (este año perpetraron más de 2 mil acciones violentas, un promedio similar al de 2010), sino también por su simultaneidad con la campaña electoral que ahora comienza.
Santos ha apostado fuerte y su audacia merece el reconocimiento. Pero mezclar objetivos y ceder a la tentación de precipitar un acuerdo tendría consecuencias catastróficas para el futuro del país, y retrasaría el tan necesario proceso de reconciliación después de medio siglo de confrontación.