La Asamblea Nacional francesa ha aprobado la ley para el restablecimiento de la confianza en la acción pública.
Durante la campaña electoral para la presidencia, el candidato Emmanuel Macron prometió una ley de “moralización” de la acción pública. Con su triunfo electoral y con el apoyo de la mayoría parlamentaria, su nuevo partido --La República en Marcha-- logra la aprobación de su promesa con 412 votos a favor y 74 en contra.
La ley prohíbe que los funcionarios puedan emplear a sus familiares y a los parlamentarios no les permite contratar a sus familiares como “ayudantes parlamentarios” ni realizar contratos como “consejeros”, para eliminar el posible conflicto de intereses.
Lo más insólito es que también prohíbe ejercer como legislador a quien no haya pagado sus impuestos.
Durante la campaña electoral los medios de comunicación revelaron que la esposa y los hijos del candidato François Fillon cobraron durante años un salario como “ayudantes parlamentarios”.
También se agrega en la ley la eliminación de “la reserva parlamentaria”. Se trata de un fondo de unos millones de euros del que disponen los parlamentarios para “distribuir” entre lo que se supone son asociaciones sociales.
Se incluye la creación del Banco de la Democracia (¡tremendo titulo!), que estará destinado a conceder a los candidatos y a los partidos políticos préstamos para el financiamiento de sus campañas electorales.
François Bayrou, el exministro de Justicia y autor de la reforma, ha renunciado a su cargo por la revelación de que su partido también había proporcionado empleos ficticios en el Parlamento Europeo
Se supone que el propósito de esa nueva ley sea la “moralización” de la acción pública y que será la norma de los funcionarios electos y de los que ejercen cargos públicos.
¿Todo eso en LA FRANCE? Dicen algunos que Francia es la Argentina europea. ¿Se cumplirá la ley?
Parecería que es un asunto de lenguaje. En la República Dominicana a esos ayudantes familiares y empleos ficticios les llaman “botellas” y el edificio en donde se encuentran oficinas gubernamentales, es llamado “el huacal”. También el Parlamento dominicano cuenta con un “fondo social” al que llaman “el barrilito”.
¿Habrá aprendido Dominicana de Francia o es al revés?