La monstruosa campaña de ejecuciones por ahorcamiento realizada en la cárcel siria de Saidnaya constituiría, de confirmarse, un grave crimen contra la humanidad. La denuncia, realizada por Amnistía Internacional, afectaría a entre 5 mil y 13 mil personas –con el añadido de que la mayoría de las víctimas fueron civiles– e incorpora esta matanza a la lista de grandes horrores de un conflicto donde las atrocidades se suceden sin descanso.
Esta revelación debe servir para recordar a la comunidad internacional la naturaleza criminal del régimen instaurado por Bashar Al-Assad. La violación sistemática de los derechos humanos y la brutal represión de amplios grupos de la población siria ha sido una constante durante todo el mandato de la familia Al Assad, iniciado en 1971. Su respuesta, brutal, a las demandas de apertura que surgieron a raíz de la llamada Primera Árabe lanzó al país a una guerra civil devastadora y dejó a la oposición democrática desarbolada, ante el auge del yihadismo más violento que la región ha conocido.
El régimen de Bashar no ha ejercido restricción alguna a la hora de emplear cualquier medida, por cruel y violenta que fuera en la guerra civil que asola Siria desde 2011. Ha violado las convenciones internacionales sobre la guerra en lo que respecta al trato a los combatientes enemigos, ha recurrido al empleo de armas químicas y ha castigado más allá de todo lo aceptable en un conflicto armado a la población civil de las ciudades que se han alzado contra su dictadura.
Los millones de refugiados y desplazados sirios, en Europa y en otros países de Medio Oriente, son el testimonio de la imposibilidad de permanecer en un país en el que la vida hace tiempo que dejó de tener valor.
Resulta imposible olvidar este sangriento historial a la hora de buscar una salida a la guerra en Siria. La brutalidad y fanatismo de los opositores a Al Assad, el Estado Islámico en particular, en modo alguno absuelve o condona los crímenes de Al Assad. Pero desgraciadamente, dada la correlación de fuerzas actual, con un régimen fortalecido por el apoyo militar ruso e iraní y una oposición fragmentada y desbordada por el yihadismo más radical, la marcha de Al Assad y su comparecencia ante la justicia internacional para dar cuenta de sus actos, siendo la única solución deseable, no parece ni mucho menos inmediata.
La pervivencia de Al Assad en el poder y la lejana posibilidad de que se haga justicia en su caso ofrece una amarga lección sobre las consecuencias de la debilidad de la comunidad internacional que, difícilmente, podremos olvidar nunca.