Se estanca proceso de paz de ETA

Hace dos años, ETA anunció el cese definitivo de la violencia, un paso decisivo y necesario para iniciar un proceso de paz real en el País Vasco tras más de medio siglo de atentados, secuestros y extorsión. El 21 de octubre de 2011, el entonces presidente del Gobierno español, el socialista José Luis Rodríguez Zapatero, tildó el anuncio de “triunfo definitivo y sin condiciones”. Sin embargo, 24 meses después el proceso está estancado. La banda no ha entregado las armas ni se ha disuelto, condiciones sine qua non del Parlamento español para avanzar en la paz del País Vasco y materializar acuerdos sobre los presos y huidos de la banda. ETA emitió su último comunicado hace menos de un mes, coincidiendo con la celebración del “Gudari Eguna” (día del soldado), en el que la izquierda independentista vasca recuerda la ejecución, en 1975, de dos miembros del grupo armado ordenado en los últimos días del dictador Francisco Franco. En él afirmaba que no renegará de su “trayectoria de lucha” ni asumirá “el relato de los opresores”. La banda hablaba, eso sí, de una “reconciliación nacional” para curar las heridas, pero sin despejar las dudas sobre su futuro inmediato. Cincuenta y dos años después de su primera acción violenta, en la que intentó hacer descarrilar un tren que transportaba a simpatizantes franquistas, las palabras de ETA suenan a otra época, a otro momento histórico y político. La banda sigue considerando al Estado español como un “opresor” que “se opone a la supervivencia de Euskal Herria (País Vasco)” y a “mantener abierta la puerta de la libertad”. Al mismo tiempo, la llamada izquierda abertzale afirma que ETA ya no es “una variable violenta” en el conflicto y acusa al Gobierno español de utilizar la violencia “con fines políticos” a través de “recortes de libertades, juicios políticos, agresiones a la libre expresión y al independentismo”. En noviembre de 2012, la banda condicionaba su desarme a un acuerdo con los gobiernos de España y Francia sobre sus presos y miembros huidos, con “fórmulas y plazos” para el desarme y a cambio de una “desmilitarización” del País Vasco, en referencia a la salida de las fuerzas y cuerpos de seguridad españoles. Sin embargo, el gobierno de Mariano Rajoy, que llegó al poder dos meses después del anuncio de ETA, se niega rotundamente a negociar. Las víctimas de la banda, más de 800, tampoco quieren concesiones a los terroristas y se niegan a hablar de “presos políticos”. Piden “justicia sin impunidad” e instan al gobierno a investigar los más de 300 asesinatos de ETA que, según afirman, siguen sin resolver.