La Justicia brasileña tiene fama de lenta, pero con el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva funciona como un reloj suizo. El miércoles, el exlíder sindicalista fue acusado por tercera vez. El líder del Partido de los Trabajadores, que ya se enfrenta a dos procesos por presuntamente intentar obstruir las investigaciones del caso Petrobras, en la justicia de Brasilia, y por haber beneficiado a la constructora OAS, en la justicia de Paraná, ahora tendrá que defenderse de la acusación de haber participado en fraudes en el Banco Nacional de Desenvolvimento Económico e Social (Bndes, Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social), también en la capital federal.
También están implicados en este proceso Taiguara dos Santos –sobrino de la primera mujer de Lula–, el empresario Marcelo Odebrecht, heredero de la constructora más grande de Latinoamérica que lleva su nombre y ya condenado por la trama en Petrobras, y otras ocho personas más.
Los acusados por Ministerio Público Federal en esa denuncia responderán por los delitos de delincuencia organizada, blanqueo de capitales y tráfico de influencias. Los fiscales solicitan que Lula sea condenado por delincuencia organizada y blanqueo de capitales (delito este que, según los investigadores, cometió 44 veces) El caso está relacionado con las obras que Odebrecht realizó en Angola con la ayuda de préstamos del Bndes. Los encausados tendrán 10 días para manifestarse ante la justicia.
Para el equipo de defensa de Lula, la denuncia es “genérica, frágil y superficial”. Los abogados del presidente insisten en que la justicia y los fiscales están actuando de forma parcial, y que el verdadero objetivo es impedir que vuelva a disputar la presidencia en 2018.
Otro personaje de la crisis política brasileña que no tuvo un buen día fue el expresidente de la Cámara, Eduardo Cunha, artífice del proceso de destitución de Dilma Rousseff. El juez Sergio Moro, el magistrado-estrella del caso Petrobras, acató también el jueves la denuncia contra el diputado destituido en el marco de la trama de corrupción en la compañía estatal brasileña.
Cunha lo había intentado todo para no caer en las manos de Moro, pero no logró escapar de la jurisdicción principal del caso, en el estado de Paraná, tras perder la prerrogativa de que solo le juzgara el Tribunal Supremo, un derecho exclusivo de parlamentarios y autoridades de primer nivel.
Al exdiputado se le acusa de los delitos de corrupción, blanqueo de capitales y evasión de capitales. El exparlamentario habría recibido sobornos por valor de 2.4 millones de reales [unos 750 mil dólares] para interferir en los contratos de Petrobras en Benín, África. Además, se sospecha que pudo emplear cuentas en Suiza para lavar ese dinero.
Cunha tiene 10 días (a partir del pasado jueves) para manifestarse ante la justicia de Paraná, que recibió su proceso después de que perdiera su derecho al aforamiento, como consecuencia de la suspensión de su mandato. Otro proceso, concerniente al cobro de propinas en contratos de buques de perforación de Petrobras, fue remitido a la justicia de Río de Janeiro.
El día no había empezado bien para el exdiputado. Cunha usó su cuenta de Twitter para quejarse de los manifestantes que lo hostilizaron en el aeropuerto Santos Dumont, en Río de Janeiro, práctica que se viene repitiendo desde que perdió el mandato. En un video se puede ver a una señora empujando al expresidente de la Cámara, un episodio que refleja el clima de exasperación y rabia que vive un país en crisis.