Luis Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), en reunión con los exjefes de Estado y de Gobierno firmantes de las declaraciones de la Iniciativa Democrática de España y las Américas (IDEA), ha sido claro. Sin eufemismos, dice, donde hay presos políticos y se vulnera a la soberanía popular rige una dictadura.
El deslave de atropellos a la menguada democracia formal venezolana que organizó Nicolás Maduro Moros, antes de partir hacia el Medio Oriente, poniendo de lado el ejercicio de sus atribuciones constitucionales y abandonándolas en la práctica, explica los actos de cierre de esa obra teatral ominosa que ha durado 17 años: El gran engaño.
El primero de estos, a título de recapitulación y síntesis del abierto desconocimiento por el Gobierno y el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) –que este controla– de la soberanía popular y su legítima representación en la Asamblea Nacional, es el llamado de la mayoría calificada de los diputados, el pasado 13 de octubre, a la Fuerza Armada, para que rescate la democracia y el respeto a la Constitución.
Los dispositivos cuarto y quinto del acuerdo instan a los militares para que le exijan al presidente de la República y al poder Electoral garantizar el ejercicio de los derechos políticos y respetar la realización del referendo revocatorio, pedido por el mismo pueblo, y la elección de gobernadores arbitrariamente postergada hasta el año que viene. Se reclama de los hombres que cuidan las armas de la República, en concreto, “coadyuvar al restablecimiento del estado de derecho, de la vigencia de los derechos fundamentales y de los principios democráticos”. Al caso, sin decirse, se invoca el artículo 350 de la Constitución y se demanda del poder militar, eso sí, “velar por el sometimiento de los representantes del poder público” a la autoridad de aquella.
Solo la clara consideración de que la democracia y el estado de derecho han llegado a su final en el país –algo más que las graves alteraciones que predica la Carta Democrática Interamericana– explica tan grave pronunciamiento parlamentario. Ante un régimen de hecho o de facto en vigor se invoca la acción fáctica militar constitucionalizada, para rescatar las libertades. No otro es el significado de ello, sin eufemismos.
Tanto es así que ese deslave de golpes de Estado a la democracia y a su fuente primaria, el ejercicio del derecho a votar y a que se acaten los dictados de la soberanía, de seguidas y sin solución de continuidad da pie al acto segundo. La Sala Electoral del TSJ, mediante sentencia inconstitucional o paraconstitucional obliga a quienes piden revocar el mandato de Nicolás Maduro, reunir firmas equivalentes al 20% del registro electoral, pero en “cada estado” o circunscripción regional. La Constitución demanda que tal suma se alcance en toda la jurisdicción nacional por negarse al absurdo, como sería predicar que el presidente de Venezuela, para serlo, debe vencer en la totalidad de los circuitos electorales de nuestra geografía.
La inconstitucional medida –dentro de una clara y deliberada estrategia para impedir que el pueblo se manifieste a través del voto y resuelva sobre la severa crisis de gobernabilidad que potencializa su hambruna– demuestra, junto al citado texto del Acuerdo de la Asamblea Nacional, cómo, tuerca por tuerca, se desmontó, cabal y sibilinamente, el puente de la democracia. Y explica por qué, luego de la antidemocrática decisión de los jueces supremos “maduristas”, ahora los jueces subalternos se dan la licencia de ir más allá. Es el tercer acto y el de cierre.
Los jueces penales de los estados gobernados por militares y cómplices del narcorégimen militarizado que hace presa de todos los venezolanos, en efecto, han ordenado suspender la recolección del 20% de firmas para el referendo revocatorio en sus estados respectivos; por lo que, en línea con lo dispuesto por el TSJ, no cabe la posibilidad de que el pueblo democrático venezolano reúna las firmas necesarias a fin de darle una salida democrática y en paz a la insurrección social que espera en la antesala del abismo institucional que la alimenta.
El socialismo del siglo XXI –que usa de la democracia para llegar al poder y después la vacía de contenido, y que oculta sus prácticas antidemocráticas, justificándolas hasta ayer tras una inflación de elecciones– queda al desnudo y en medio de la calle; pierde lo más elemental en democracias ineficientes, como lo es su legitimidad de origen.
Lo bueno, en medio de lo malo, es que en adelante solo los cómplices de la dictadura podrán matizarla o dialogar con ella. Los venezolanos alcanzan, a fuerza de golpes, su unidad real. Se hacen de una narrativa compartida y desbordante de los personalismos políticos: la resistencia a la dictadura.