En una sorprendente entrevista que vi en el canal Caracol, Carlos Antonio Lozada, destacado miembro del secretariado de las FARC, nos mostró la nueva cara de su organización.
La que veremos este 2017 cuando las FARC se conviertan en un partido político y solo queden en el recuerdo sus campamentos en la selva, los fusiles que llevaban día y noche y los camuflados que componían su amenazante indumentaria de guerrilleros. Ahora Lozada tiene la serena pinta y la fácil elocuencia de un senador. Sí, no tardaremos en verlo como un nuevo padre de la patria.
En vano, Juan Roberto Vargas, director de Caracol, intentó asediarlo con lo que suele pensar el colombiano de a pie a propósito de las FARC. ¿Delitos de lesa humanidad? ¿Cuáles?, cíteme alguno, dijo Lozada. Y ante el rosario de horrores citado impetuosamente por Vargas, el líder entrevistado sonrió con una benévola paciencia. Nada de eso estaba probado. Eran solo acusaciones que no podían demostrarse. De ahí que hubiese sido un punto inamovible la Justicia Especial de Paz. Solo en ella confiaban las FARC. Y por cierto, según Lozada, tal justicia no iba a limitarse a juzgar rebeldes, sino también a militares, empresarios, presidentes y periodistas. Es decir, según él, un equitativo reparto de culpas del cual no escaparían siquiera los expresidentes Uribe y Pastrana, en tanto que los delitos imputados a la guerrilla quedarían amparados con el excusable rótulo de rebelión.
El gobierno de transición propuesto por Timochenko aparece como la primera carta política de las nuevas FARC. Sería para ellas la única garantía de que el acuerdo de paz sea debidamente respetado y se prosiga con su implementación. Para ello se requiere un candidato confiable, es decir, uno capaz de involucrar en su gobierno al nuevo partido de las FARC junto con los partidos que votaron por el Sí y los movimientos de izquierda afines a su ideología.
Después de escuchar a Lozada pudimos vislumbrar cómo las FARC van a pisar la arena política este año. Con fogosa elocuencia, desde balcones y plazas hablarán de igualdad social, de reparto de tierras y de una nueva Colombia capaz de atraer a los millones de electores desencantados de nuestro mundo político tradicional. Todo esto contando a la vez con los beneficios excepcionales que obtuvieron en el Acuerdo Final, con los millonarios recursos que les dejó el narcotráfico y el soporte de organizaciones campesinas en las regiones bajo su control.
Mientras estas alegres expectativas iluminan el nuevo camino de las FARC, es hora de preguntarse qué va a pasar con los militares. Tanto los que siguen en servicio activo como los que están presos tienen sobradas razones para desconfiar de una justicia transicional en cuya conformación algún papel pudieron jugar asesores jurídicos de las FARC como el español Enrique Santiago. Tampoco confían en una justicia ordinaria que, con fiscales y jueces sesgados, ha proferido injustos fallos no solo contra humildes soldados, sino contra altos y respetables oficiales. ¿Qué pueden pensar ellos cuando ven libres y campantes, en foros y múltiples entrevistas, a los comandantes de las FARC?
Lo cierto es que en Oslo el presidente Santos hizo su acostumbrada apología de las Fuerzas Armadas. En él, la efervescencia retórica suele evadir la realidad cuando esta no se compagina con sus logros. A lo largo de cuatro años se ocupó de escuchar y atender las más rotundas exigencias de las FARC, convirtiéndolas en puntos inamovibles del Acuerdo Final de paz. En cambio, nunca dirigió su mirada al penoso drama que viven algo más de 12 mil militares, víctimas de falsos testigos, de jueces terciados y de fallos injustos. En resumen, estamos asistiendo en el país a una película en la que, por primera vez, los villanos son vistos como buenos y los buenos, como malos.