Aviso a los navegantes, viajeros, turistas o simples intrusos que tratan de adentrarse en el cada vez más tortuoso laberinto de la política turca: bajo ningún concepto utilicen la palabra “no”.
Por muy extraño que parezca, en las últimas semanas, la negación se ha convertido en sinónimo de aliado de los terroristas del Partido de los Trabajadores de Kurdistán, simpatizante de los golpistas del 15 de julio de 2016, o seguidor del clérigo Fetullah Gülen (antiguo valedor del presidente Recep Tayyip Erdogan), que se ha convertido en el enemigo público número uno del régimen de Ankara. Todo ello, en un ambiente cada vez más enrarecido, donde las purgas, el cese de funcionarios públicos, la defenestración de catedráticos y las detenciones se tornan en una especie de lúgubre “pan nuestro de cada día”.
Lejos quedan las rígidas, aunque añoradas estructuras del kemalismo, criticadas tanto por los ultraliberales como por los ultraradicales. Ambos extremos pedían cambios. El cambio que se está perfilando en el horizonte del país otomano parece más bien inquietante. Pero ¿a qué se debe la negación del “no”, la demonización de esta palabra en el enrevesado vocabulario político turco? Todo parte de una ambiciosa apuesta que Erdogan quiere ganar. Se trata de la reforma constitucional impulsada por su Partido de la Justicia y el Desarrollo (AKP), cuyo principal objetivo es sustituir el sistema parlamentario por un régimen presidencialista, que confiere plenos poderes al jefe del Estado.
El partido liderado por Erdogan dio el primer paso hacia la reforma de la carta magna tras alzarse con la victoria en las elecciones de 2011. Sin embargo, el Parlamento logró neutralizar las maniobras del AKP. En 2014, tras la elección de Erdogan como presidente, las propuestas de cambio empezaron a proliferar. Algunos allegados del presidente decidieron tirar la toalla. Es el caso del ex primer ministro Ahmet Davutoglu, incondicional aliado y confidente de Erdogan, que dimitió en mayo del pasado año, a raíz de un enfrentamiento sobre la posible, aunque no hipotética supresión del cargo de jefe de gobierno. ¿Mero conflicto ideológico? El porvenir nos lo dirá. Lo cierto es que el proyecto que será sometido a referéndum el próximo 16 de abril contempla 18 enmiendas constitucionales, que deberían allanar la vía hacia un sistema más rígido que permitiría a Erdogan mantenerse en el poder hasta 2029. Huelga decir que esta iniciativa está avalada por el ultraderechista Partido de Acción Nacionalista.
Aparentemente, la derecha confía en que el cúmulo de poderes sería mejor garantía para “poner fin al terrorismo”. Un terrorismo existente o fomentado, según los casos. Cabe recordar que el coqueteo de Ankara con el Estado Islámico ha debilitado las estructuras de los temibles servicios de inteligencia turcos. Las purgas tras el fracaso de la intentona golpista, de julio de 2016, acentuaron el malestar.
Ante este estado de cosas, la derecha ultranacionalista reclama una política de “mano dura”.
