La realidad de las Américas se agrava porque el “castrochavismo” demuestra que sus acciones y objetivos no son cuestión política y que corresponden íntegramente al ámbito del crimen organizado. La división entre países con democracia y bajo dictaduras es ya insuficiente. Los regímenes de Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua (el Ecuador de Rafael Correa), además de haber establecido gobiernos de facto concentrando todo el poder y sostenidos por la violencia, están en el ámbito de la delincuencia organizada transnacional. Urge diferenciar y separar la política del crimen organizado, dando a cada cual su lugar.
La Convención de Palermo, de la que son signatarios todos los países de las Américas, define que un “grupo delictivo organizado” es: “un grupo estructurado de tres o más personas que exista durante cierto tiempo y que actúe concertadamente con el propósito de cometer uno o más delitos graves o delitos tipificados con arreglo a la presente Convención con miras a obtener, directa o indirectamente, un beneficio económico u otro beneficio de orden material”. Están comprendidas en esa definición los regímenes liderados por Castro, Chávez-Maduro, Morales, Ortega y Correa.
La Convención define “delito grave” como la “conducta que constituye un delito punible con una privación de libertad máxima de al menos cuatro años o con una pena más grave”. Los jefes “castrochavistas” no han dejado delito sin cometer, pero como demostración de que son habituales y reincidentes perpetradores de “delitos graves”, veamos los atentados contra la vida y la libertad, asesinatos, detenciones indebidas, torturas, violaciones contra la economía de sus Estados, corrupción, falsificaciones de todo tipo, suplantación de autoridad, usurpación de poder, atribuirse los derechos del pueblo, traición a la patria, robo agravado, sobornos, asaltos, secuestros, extorsiones, narcotráfico, conspiración, encubrimiento, trata de personas, contrabando, terrorismo y delitos comunes y de lesa humanidad.
Un “grupo estructurado” es: “un grupo no formado fortuitamente para la comisión inmediata de un delito y en el que no necesariamente se haya asignado a sus miembros funciones formalmente definidas ni haya continuidad en la condición de miembro o exista una estructura desarrollada”. En el caso de Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua, la definición de “grupo estructurado” es por demás aplicable sin salvedades, porque en el “castrochavismo” hay asignación de funciones y tienen estructura desarrollada e institucionalizada en los Estados que controlan.
Por “bienes se entenderá los activos de cualquier tipo, corporales o incorporales, muebles o inmuebles, tangibles o intangibles, y los documentos o instrumentos legales que acrediten la propiedad u otros derechos sobre dichos activos”. Por “producto del delito se entenderá los bienes de cualquier índole derivados u obtenidos directa o indirectamente de la comisión de un delito”. Así tenemos que el principal bien producto del delito del grupo estructurado de delincuencia organizada que comenzó como “movimiento bolivariano”, “socialismo del siglo XXI” y hoy “castrochavismo” es “ejercer y retener ilegítimamente el poder público” y, con la detentación indefinida del poder, cometer y encubrir todo tipo de delitos.
Se han expandido desde Cuba y controlan Venezuela, Bolivia y Nicaragua, operan como organización transnacional y se presentan como proyecto político con ideología de izquierda populista, socialista o comunista, según convenga. Con el dinero del crimen controlan e influyen medios de comunicación, lobbies, abogados, relacionistas, personalidades, instituciones e incluso gobiernos, para sostener la apariencia de movimiento político de lo que en realidad es una organización criminal sin precedentes.
Con el “producto del delito” controlan y/o influyen organismos internacionales como Petrocaribe, la OEA, la ONU y hacen alianzas con gobiernos antidemocráticos, consiguiendo y negociando posiciones, desde donde en lugar de proteger el sistema, lo tergiversan y lo ponen a su servicio para proteger el narcotráfico, el terrorismo y los delitos que cometen a diario para sostenerse indefinidamente en el poder.
La mayor amenaza contra la democracia, la paz y seguridad internacionales en las Américas es el crimen organizado que controla Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua con Ecuador en curso de salida del modelo. Los gobiernos democráticos deben entenderlo, separar la política del crimen organizado, y actuar en consecuencia por seguridad propia, porque el peligro es tan grande que quienes no lo hicieron están hoy presos, exiliados o muertos.