Abran los ojos, les diría yo a los colombianos que dócilmente y engañados por un espejismo han avalado el acuerdo de paz. Abran los ojos y miren dos realidades que tal vez han pasado por alto. La primera es el gran precio que hemos tenido que pagar por dicho acuerdo. La segunda es el uso de la cuestionable palabra paz que el mundo ha tomado por cierta, mientras cada día las noticias nos abruman con paros, muertos, atentados y otros horrores.
Preguntémonos cuál es el precio y veamos por qué es muy alarmante. Advirtiendo que el presidente Santos tiene el febril empeño de mostrar el acuerdo de paz como el deslumbrante trofeo de su gobierno, las FARC fueron desgranando en La Habana, una tras otra, sus más atrevidas exigencias. Hoy, todas ellas son conocidas: ni un día de cárcel; sus atrocidades, asimiladas a delitos propios de una rebelión; 10 curules sin necesidad de votos; medios de comunicación a su servicio; supresión de las fumigaciones con glifosato y una justicia transicional con participación de magistrados de izquierda cercanos a las FARC.
Para verificar quiénes son los vencedores y quiénes los derrotados con el mal llamado acuerdo de paz, basta comparar la situación hoy en día de los dirigentes de las FARC con los militares que los combatieron en defensa del orden constitucional. Los primeros andan libres y boyantes paseándose con sus escoltas por foros, medios de comunicación, universidades, mientras organizan su nuevo partido, que conserva el nombre de FARC. Su jefe y ahora candidato a la presidencia, ‘Timochenko’, espera que la JEP no tome en cuenta sus condenas, que suman 114 años.
Mientras esta es la suerte que ampara a las FARC, ¿qué ocurre con los militares que las combatieron? Víctimas de una justicia ordinaria infiltrada por los agentes políticos del PC3, un gran número de ellos han recibido injustas condenas por el crédito que se le dio al ‘carrusel’ de los falsos testigos. De ahí que 2 mil militares, a falta de otra alternativa, hayan decidido poner sus casos en manos de la JEP (Jurisdicción Especial para la Paz).
Naturalmente que conocidos y valerosos militares no renuncian a defender, pase lo que pase, su inocencia y su honor. Es el caso del coronel Hernán Mejía Gutiérrez. Fiel al título de su último libro, Me niego a arrodillarme, Mejía decidió el 17 de febrero de este año acogerse a la JEP, advirtiendo desde luego que esperaba demostrar en ese nuevo juicio su inocencia.
Supongo que esta declaración fue la causa de que esperara durante nueve meses la ofrecida libertad condicional. En vez de ello, la juez Natalia Sofía Ortiz dictó contra el coronel una inesperada medida de aseguramiento. Trasladado a los patios de La Picota, sin tomar en cuenta su grave estado de salud, Mejía fue recibido con insultos y golpeado por una horda de presos comunes. Pretendían con ello obligarlo a aceptar su culpabilidad. Anunció ante el entonces director de la cárcel que estaba dispuesto a morir antes que manchar su honor de militar libre de culpas. ¿Qué puede esperar de la JEP? Su destino es incierto. También el del país.
El considerable aumento de los cultivos de coca derrumba los sueños de paz. En las vastas zonas donde reina el narcotráfico, la violencia de las bandas criminales se impone sobre una fuerza pública cada vez más debilitada.
Cientos de militantes y dirigentes regionales de las FARC, como el ‘Paisa’, vuelven al monte atraídos por el millonario sustento de la coca. El mismo interés mueve en actitud de combate a las comunidades indígenas. ¿Qué porvenir nos aguarda? Nadie lo sabe.
Una confusa campaña electoral y un posconflicto beligerante y nada pacífico oscurecen el panorama. De ahí que olvidando los sueños oficiales debamos abrir los ojos ante la realidad.