No hay lector de estas páginas que, a toda hora, no reciba fotografías, videos, informaciones y hasta extensos análisis de la situación venezolana. Circulan artículos, documentos, denuncias y aclaratorias. Personas con opiniones diferentes sobre un hecho exponen y defienden sus puntos de vista. Se está produciendo un activismo en redes sociales o a través de herramientas de comunicación como las que ofrecen Whatsapp, Skype, Telegram, Facetime, la mensajería SMS y muchas otras, que tiene una categoría configuradora de la política: la determinan o la influyen, la anticipan o le otorgan significado.
Este activismo político de parte de los ciudadanos no es nuevo: mi sensación es que se ha venido incrementando desde las protestas que arrancaron en febrero de 2014. En aquellos meses, en los que la represión militar se desató con ferocidad, la vigilancia ciudadana fue vital para que, dentro y fuera del país, los noticieros transmitieran día tras día escenas de la violencia brutal que los uniformados emplearon contra los ciudadanos indefensos. Es probable que, a partir de aquellos hechos, se haya producido un salto cualitativo en la comprensión de lo que la vigilancia del poder significa. El que fotografías y videos que fueron tomados en el fragor de las protestas hayan sido exhibidos por medios de comunicación o que hayan sido incorporados a los expedientes de los organismos que están dedicados a documentar las violaciones a los derechos humanos, revela el inmenso valor que tienen estos registros.
En diversos encuentros a los que he tenido la oportunidad de asistir en las últimas semanas, en ciudades de distintos países, sesiones de distinto carácter en las que el centro de la discusión ha sido Venezuela, una y otra vez he escuchado elogiosos comentarios de sorpresa y admiración con respecto a este potente auge de la vigilancia ciudadana. La claridad, la precisión y la pertinencia de los registros han permitido certificar los modos en que la Guardia Nacional Bolivariana, la Policía Nacional Bolivariana y las bandas paramilitares del gobierno han violado la ley, una y otra vez: han sido captados disparando frontalmente a los estudiantes; saqueando comercios; atracando a peatones, rodeados por grupos de hasta 10 o 12 motorizados.
Una pregunta que cabe formular es si esta actitud de vigilancia es una respuesta específica a la dictadura de Nicolás Maduro, que comenzará a declinar apenas se produzca el final del régimen, o si se trata de un cambio de carácter más duradero, que también tendrá consecuencias en la próxima e inminente etapa política venezolana.
Posiblemente nadie puede contestar a esta pregunta con precisión. Pero cuesta creer que las cosas, de aquí en adelante, seguirán como estaban. Lo más probable -y deseable- es que la presencia de la vigilancia ciudadana del poder se mantenga activa y sea un factor de control del poder. Hay lecciones que, después de la trágica experiencia del chavismo y el madurismo, no es posible olvidar. Una de ellas, quizás la más sustantiva, es que todo poder debe ser limitado. Nada más peligroso para una sociedad que un poder absoluto y perenne. Contra la pretensión de cualquier poder por prolongarse, la vigilancia ciudadana continuará siendo una poderosa herramienta de lucha.