OPINIÓN |En los últimos 15 años se han conocido varias iniciativas presidenciales de reformas a los códigos Penal y Judicial, que tenían como finalidad mejorar el sistema de justicia. Se nombraron comisiones de notables y expertos juristas quienes culminaron su labor, pero no hubo voluntad política para llevar estas reformas a la Asamblea. Estas comisiones no lograron involucrar a la sociedad civil y por lo tanto se quedaron en propuestas sin mucho respaldo y posteriormente en algún archivo de la Presidencia de la República.
En el año 2000 se crea la Alianza Ciudadana Pro Justicia con la finalidad de unificar esfuerzos de la sociedad civil para promover la reforma judicial. Hoy la Alianza, gracias al apoyo técnico y financiero del programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, cuenta con el "Áudito Ciudadano de la Justicia Penal", que debe convertirse en el punto de partida de un monitoreo permanente del avance de la justicia, pero al mismo tiempo en una agenda por la reforma de la justicia en Panamá.
El áudito ciudadano concluye que el proceso penal panameño contiene figuras jurídicas que agravan la percepción ciudadana de impunidad y debilitan fundamentales principios garantes de un sistema democrático; que existe un exceso de funciones de carácter judicial que la normativa concede al Ministerio Público, sin control jurisdiccional y otras deficiencias del sistema, tales como rezago judicial y abuso en el uso de la detención preventiva. Estas conclusiones crean un escenario propicio para el impulso de una reforma judicial integral.