Colombia está polarizada entre la justicia y la paz. La pacificación es indispensable, pero no puede ser a costa de una amnistía para quienes han cometido todo tipo de fechoría, en tanto tiempo, ya sean guerrilleros, terroristas, funcionarios. Quienes cometieron los delitos de los “falsos positivos”. Asesinaron personas que nada tenían que ver con el conflicto para contabilizarlos como guerrilleros caídos y cobrar equis recompensa del Estado.
Esa polarización refleja el gran dilema de buena parte de los colombianos. Es el discurso de la justicia, la búsqueda de los responsables y desconfianza hacia las FARC, que, bajo un paraguas revolucionario, ha sido actor en delitos gravísimos.
Al gobierno de Juan Manuel Santos le cuesta trazar la línea entre justicia y paz. Esta paz, con el escrutinio de las urnas, no es perfecta. Aunque consolida la democracia, al darle mayor representación a las zonas afectadas por el conflicto y mayores garantías a la oposición, no importa el espectro, a la derecha o a la izquierda. Es un proceso institucional, que ha sido avalado por el Congreso, el Ejecutivo y la Corte Constitucional.
Sergio Fajardo es impulsor del discurso de la esperanza: “Tenemos que pasar la página de la violencia, la página de la destrucción y debemos escribir la página de las oportunidades”. Asegura que los costos de esta negociación son pequeños frente a las oportunidades para el avance del país.
La votación de ayer fue sobre el texto del Acuerdo Final de Paz, negociado durante 4 años en La Habana, y que incluye desarrollo integral del campo, solución al problema de drogas ilícitas, participación en política, fin del conflicto y dejación de armas, víctimas y justicia, e implementación de lo pactado. Y la desmovilización de 7 mil insurgentes de las FARC.
Al obtener la legitimidad para proseguir el proceso, al presidente Santos le corresponderá presentar las leyes, reformas constitucionales, y decretos con fuerza de ley que se requieran para implementar el contenido del Acuerdo Final de Paz.
Santos y demás partidarios del acuerdo pregonan la reconciliación y el resarcimiento de las víctimas, mientras que quienes lo rechazan apelan contra el comunismo y la eventualidad que las FARC puedan ejercer la política activa partidista.
Representan el rechazo los expresidentes Andrés Pastrana y Álvaro Uribe.
Durante el periodo de Santos se han creado más de 3 millones de empleos, 4 millones 600 mil personas, la población de Costa Rica, han salido de la pobreza, la extrema pobreza ha bajado del 15% al 7%, en saneamiento 5 millones de colombianos más reciben agua potable y en infraestructura las dobles calzadas se multiplican por todo el país.
Para las FARC, las sanciones son la contribución al desminado, sustitución de cultivos ilícitos, reparación de escuelas y vías. En la dejación de armas, existe un inventario e identificación por Naciones Unidas. Y afirma con énfasis que “el acuerdo se acoge a los estándares del Tratado de Roma y busca impartir justicia”.
Salta a la vista un léxico poco usual en una organización armada: reconciliación, salida, ideas, esperanza, paz, hermanos, sueños, sentimiento. En sus huestes, la consigna es “unidad del movimiento democrático y popular” y “lucha por la paz con justicia social”. Discurso para un futuro en el activismo partidista.
La declaración de Rodrigo Londoño, el pasado 26 de septiembre, anuncia el nuevo rumbo de la organización armada: “Podemos proclamar que termina la guerra con las armas y comienza el debate de las ideas”.