A unos días de la vuelta a las aulas, la cuestión de las vacunas obligatorias en la escuela ha causado una fuerte confusión en Italia.
La controversia nació a raíz de un decreto ley del Gobierno, votado a finales de julio, para que la inoculación de tres vacunas (incluyendo contra la difteria, tétanos, poliomelitis y el sarampión) sea un requisito indispensable para asistir al jardín de infantes o a la escuela primaria.
Se establecieron multas de entre 100 y 500 euros (entre 120 y 600 dólares) para aquellos padres que no actúen conforme a la ley.
Esta decisión, que busca luchar contra la baja tasa de vacunación en Italia, provocó una oleada de protestas por parte de un movimiento antivacunas (no vax), que rechaza que la vacunación sea obligatoria.
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), es necesario que el 95% de la población esté vacunada para alcanzar “el umbral de inmunidad del grupo” ante una enfermedad. Un nivel que no se da en Italia para determinadas vacunas.
La península ha registrado también un recrudecimiento del sarampión, con 4 mil 238 casos detectados en lo que va del año –tres de los cuales son mortales–, el 88% de los cuales correspondían a personas no vacunadas, según el ministerio de Salud.
“Debemos evitar dejar abierta una zona de riesgo para los más pequeños”, justificó la ministra de Salud, Beatrice Lorenzin, que impulsó el decreto ley.
“Es un tema de seguridad, la infancia temprana constituye una ‘tabula rasa’ en lo referente a defensas inmunitarias, el sarampión sigue avanzando, los datos son alarmantes”, explicó.
Unos argumentos que rechazaron los detractores de la ley, que la juzgan “claramente ilegítima y que atenta contra la libertad de elección terapéutica”, además de que “no está motivada por ninguna emergencia epidémica”.
En varias manifestaciones organizadas durante este verano por un colectivo nacional, muchas personas salieron a las calles de las grandes ciudades del país denunciando “una campaña mediática vergonzosa para apoyar las mentiras del Gobierno, que juega con el miedo de la gente”.
La región del Véneto, agitada desde hace tiempo por aspiraciones autonomistas, también se opone al texto y presentó un recurso contra el decreto ante el Tribunal Constitucional.
Una batalla que se lanzó“no contra las vacunas, sino contra su carácter obligatorio”, precisó el presidente de la región, Luca Zaia. El responsable afirmó estar “convencido” de que todavía más gente dejará de recurrir a la vacunación, a causa de “la coacción” y de “esta forma de obligación” y defendió que el modelo se acuerde con las familias, como ocurre en su región.
En un primer momento, Venecia había adoptado una moratoria de dos años para la ley, aunque finalmente dio marcha atrás para actuar “conforme a la normativa nacional”, según anunció la ministra de Salud.
Lorenzin había advertido que el Ejecutivo central no excluía ninguna “acción” para luchar contra esta moratoria, recordando que “Venecia se encuentra en territorio italiano y debe respetar las leyes”.
También el consejero para las políticas de Sanidad de la región de Emilia-Romaña, Sergio Venturi, criticó al Gobierno veneciano y recalcó que “las enfermedades no se detendrán frente a las fronteras regionales”.