El sustantivo “pacto” proviene del pactum latino, que representa acuerdo o compromiso. Hace 13 años, el 10 de marzo de 2005, un grupo de compatriotas que ostentaba cargos de poder determinó firmar el acuerdo, con nombre rimbombante, Pacto de Estado por la Justicia, en el que se creó, sin fecha de defunción, una comisión correspondiente.
Los rubricantes son Martín Torrijos, entonces jefe de Estado, Jerry Wilson, Aníbal Salas, Ana Matilde Gómez, Óscar Ceville, Carlos Vásquez y Juan Antonio Tejada. Todos representantes de órganos instituciones del Estado, a excepción de Vásquez, presidente del Colegio Nacional de Abogados. En el documento, es invitada a integrar esa mesa la Alianza Ciudadana. El Comité Ecuménico es convertido en depositario del acta constitutiva.
La comisión del Pacto empieza esta semana a escudriñar sobre las cualidades de 20 postulantes para ocupar dos sillas de magistrados de la Corte Suprema, designaciones que están retrasadas más de cuatro meses. La lista, con sus correspondientes ponderaciones, debe ser remitida antes del Mundial de Rusia al presidente Varela para que seleccione los dos nombres que deberá someter, se cree que en julio, a la Asamblea Nacional, que debe ratificarlos o no.
La Asamblea, en votación maciza, le dijo no en enero pasado a los postulados presidenciales, dos damas, decisión con la cual coloreó el clima preelectoral reinante, frente a las elecciones generales fijadas para el domingo 5 de mayo de 2019.
El acta del Pacto es una carta al Niño Dios sobre las dificultades que hace dos lustros y medio se percibían sobre la administración de justicia, y cómo enderezarla en pro de la transparencia, la independencia y la eficiencia. ¿Afianzó ese Pacto aquellas metas o impidió un descalabro mayor de esa vaca flaca?
El cielo entonces parecía el reestructurar y modernizar aquel cuerpo, si puede denominarse así, y establecer una agenda y esfuerzos permanentes en pro de una reforma judicial, con ley de carrera propia, políticas de Estado, comisiones de trabajo y otras parafernalias a las que estamos acostumbrados los miembros de esta comunidad a escribir en los documentos oficiales. Buena fe. El papel todo lo aguanta.
Se afirma que en esos esfuerzos se requiere con “urgencia” recursos, procedimientos, normativas, independencia, eficiencia, eficacia, competencia y transparencia.
El nombramiento de los magistrados tiene enunciado especial, en el que se reafirma el concepto de transparencia. Y en ese proceso se encuentra hoy el mentado Pacto de Estado por la Justicia, coordinado por el doctor Rigoberto González, procurador de la Administración.Justicia. Del latín, que carecía de jota, iustitia. Los romanos la imaginaban ciega, y su representación aparece vendada, con una balanza y una espada. Ciega porque no favorece a nadie en especial. Basada en las evidencias, los hechos: la balanza. Con la espada, no teme y aplica con vigor las sentencias.
La verdad es el marco de la justicia. Su contraparte es la impunidad. Existe un sentimiento de que no sean castigadas personas que han cometido delitos, sobre todo graves. Se liga con el flagelo de la corrupción –obtener beneficios del Estado mediante el abuso de poder-. Cuando estén en la silla, ¿actuarán con justicia y verdad los elegidos, o profundizarán la impunidad reinante?
El autor es periodista y filólogo.