Está tomando forma en Estados Unidos un debate en torno a si los funcionarios elegidos violan el derecho de la gente a la libre expresión al bloquearla de sus cuentas en las redes sociales.
La Unión de Libertades Civiles, conocida por sus siglas en inglés, ACLU, demandó hace poco al gobernador de Maine, Paul LePage, y envió cartas de advertencia a la delegación legislativa del estado.
Los gobernadores de Maryland y Kentucky, y el propio presidente Donald Trump, también han sido demandados por el mismo tema.
El uso frecuente y poco ortodoxo que hace Trump de Twitter y denuncias de que bloquea a gente que piensa distinto planteó el interrogante de si los funcionarios elegidos pueden o no hacer eso en sus páginas oficiales en la web.
EL DEBATE ‘ONLINE’
Políticos de todos los niveles usan las redes sociales para analizar asuntos del gobierno, a veces a expensas de los tradicionales actos en los que hablan cara a cara con el electorado. “La gente recurre a las redes sociales porque ve que sus funcionarios elegidos están disponibles allí y porque quieren expresar sus opiniones y compartir las reacciones”, comentó Anna Thomas, portavoz de ACLU en Utah. “Esto incluye gente que no está de acuerdo con los funcionarios”.
La mayoría de los funcionarios que enfrentan quejas son republicanos y afirman que no violan los derechos de nadie, sino que se aseguran de no reproducir comentarios odiosos, violentos, obscenos o abusivos.
Una vocera del gobernador de Maryland Larry Hogan sostuvo que la demanda en contra del funcionario es “frívola”, que su oficina tiene una política clara y que “eliminará todo contenido odioso y violento”, así como “ataques coordinados de spam”.
La ACLU acusó al gobernador de Kentucky, Matt Bevin, de bloquear a más de 600 personas en sus cuentas de Facebook y Twitter. Sus asesores dijeron que solo bloquea gente que publica “comentarios o imágenes obscenos y abusivos, que se salen del tema, y spam”.
Todavía no ha habido pronunciamientos de los tribunales acerca de estos temas, aunque en general tienden a proteger la libertad de expresión. “Es importante que se fijen normas”, opinó Amanda Shanor, del Proyecto Sociedad de la Información de la Facultad de Leyes de Yale. “El debate político se produce cada vez más online”.