La regulación del turismo en la Antártida se ha convertido en un objetivo urgente debido a las amenazas de su desarrollo para el medio ambiente, según advirtieron responsables en la reunión anual de los 53 países miembros del Tratado Antártico que se celebró en Buenos Aires, Argentina.
En ausencia de reglas que enmarquen esta actividad, las agencias de viajes proponen estadías sobre barcos, a veces equipados con helicópteros o submarinos, según alertó la embajadora francesa para los polos Ártico y Antártico, Segolène Royal. “Esta actividad genera una perturbación considerable, pisoteos, polución. Asistimos a una carrera hacia un gigantismo de turismo, peligroso para los ecosistemas”, destacó Royal, que asistió a la asamblea.
Durante el verano austral 2016/2017, unos 44 mil turistas se aventuraron en la Antártida, frente a los 9 mil que la visitaron en 1995/1996, según las autoridades francesas.
No se trata de prohibir el turismo, precisó la exministra francesa de medioambiente, sino de llegar a “dominar cualitativa y cuantitativamente la población turística, a fin de que el turismo se desarrolle en el respeto de las disposiciones del Tratado y de su protocolo sobre la protección del medio ambiente”.
En Buenos Aires, el Tratado Antártico busca también estimular la cooperación científica entre los países que implantaron cerca de 100 bases científicas, diseminadas sobre el hielo.
La organización analizará además el proyecto de China de establecer en la Antártida su quinta estación científica permanente, que estaría situada en la zona del Mar de Ross, al sur de Nueva Zelanda.
El Tratado de la Antártida tiene por misión regular la actividad humana sobre el continente de hielo, el mayor espacio no habitado del planeta, con el fin de preservar ecosistemas únicos.
Argentina, que recibió la cumbre este año, está presente en la Antártida hace 114 años y allí dispone de varias bases científicas, abastecidas por el rompe-hielos Irizar, una joya de la marina argentina que volvió a ser puesto en servicio durante el año pasado.
Argentina y el Reino Unido, que disputan la soberanía del archipiélago de Malvinas, firmaron la semana pasada en Buenos Aires un protocolo de acuerdo que apunta a reforzar la cooperación científica entre sus respectivos centros de estudios especializados, British Antarctic Survey (BAS) y el Instituto Antártico Argentino (IAA).