Frente a la resistencia ciudadana en Nicaragua, el régimen ha insistido en crear una verdad alternativa paralela a la de los hechos reales: la invención de un golpe de Estado organizado por terroristas de profesión que actúan “movidos por el odio”. Esa es la historia que repiten los medios fieles al gobierno, y que los fiscales y jueces utilizan para acusar y procesar a los ciudadanos. Cerca de 600 “golpistas” están en las cárceles.
El demoledor informe presentado por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), viene a desmentir de manera rotunda esta verdad alternativa, al concluir que no existe ninguna evidencia que sustente el golpe de Estado.
Por el contrario, “para el GIEI, el Estado de Nicaragua ha llevado a cabo conductas que de acuerdo con el derecho internacional deben considerarse crímenes de lesa humanidad, particularmente asesinatos, privación arbitraria de la libertad y el crimen de persecución”.
El Grupo de Expertos de la Organización de Estados Americanos (OEA) desmonta claramente la falacia. A partir del 18 de abril de este año, lo que se creó en Nicaragua fue un movimiento espontáneo, que creció y se multiplicó sin la dirección de nadie en particular, menos que tuviera una línea estratégica conspirativa.
Los golpes de Estado no se urden en las calles, entre estudiantes y pobladores de barrios, sino en la sombra; se preparan en los cuarteles, y se planean en secreto. No los ejecuta tampoco gente desarmada, muchachos que pelean con piedras y morteros caseros, y hasta con tiradoras de hule.
A estas alturas, queda claro que la verdad alternativa del golpe de Estado fue creada directamente en contra del concepto de ciudadanía. Hay una tachadura negra sobre la palabra ciudadano para oscurecerla, o borrarla.
Es un castigo impuesto desde el poder: si quienes salieron a protestar de manera masiva fueron los ciudadanos, en uso de las libertades públicas inherentes a su soberanía individual, libertad de movilización y libertad de expresión, para empezar, y fueron reprimidos por eso, los presos políticos han perdido también el derecho al debido proceso: derecho a la defensa, a un juicio público, a jueces imparciales. El poder dicta que los golpistas y terroristas no tienen ningún derecho, lo que puede leer como: los ciudadanos no tienen ningún derecho.
Las garantías constitucionales se encuentran suspendidas de hecho, y está prohibido manifestarse. Aún para las procesiones religiosas se exige permiso policial. Es obligatorio entregar los teléfonos móviles si son requeridos, y los mensajes en redes sociales que guardan son examinados o copiados, con lo que el derecho a la privacidad de la correspondencia ha quedado abolido.
Como la bandera de Nicaragua se volvió un símbolo subversivo, porque el azul y el blanco son los colores de la resistencia ciudadana, está prohibido exhibirla o portarla.
Está suspendido el derecho ciudadano de informar libremente, y recibir información. Por eso fue asaltada la redacción de los medios dirigidos por Carlos Fernando Chamorro, y sus bienes y equipos confiscados. Por eso fueron asaltadas también las instalaciones de la televisora 100% Noticias, y su director Miguel Mora apresado y puesto a la orden de los tribunales, por cometer “delitos impulsados por el odio como consecuencia de la provocación, apología e inducción al terrorismo”: El terrorismo de informar.
En las aduanas se retiene el papel y los insumos para los periódicos escritos, al estilo Venezuela, y los dos diarios del país, La Prensa y El Nuevo Diario, apenas tiene mes y medio de existencias para imprimir. Luego, les tocará desaparecer.
De las organizaciones de la sociedad civil que promueven la libertad de expresión, los derechos humanos, la democracia, las encuestas de opinión, y hasta la defensa de la naturaleza, nueve han sido ilegalizadas, obligadas a cerrar por decreto y sus bienes también confiscados.
Entonces, el verdadero golpe de Estado se ha dado contra los ciudadanos, contra su condición de personas libres. Sus derechos han sido suprimidos. Se les discrimina, y se les anula. Esos derechos solo existen para quienes están en las filas del régimen y son parte del aparato de poder, y disfrutan, además, de un derecho exclusivo: el de la impunidad.