El presidente Juan Carlos Varela declaró hoy nulos y revocó los decretos ejecutivos que avalaban los indultos otorgados por su antecesor Ricardo Martinelli, en junio pasado, en el ocaso de su administración.
A través del Decreto Ejecutivo 472 del 14 de agosto de 2014, publicado esta noche en Gaceta Oficial y firmado también por el ministro de Gobierno, Milton Henríquez, el jefe del Ejecutivo destaca que el presidente solo puede decretar indultos por delitos políticos, según dicta la Constitución.
Pero "mediante los indicados decretos ejecutivos se pretendió indultar a 355 personas" que no cometieron delitos considerados políticos. Los decretos ejecutivos revocados son: 265 y 266 del 24 de junio de 2014; 267 del 24 de junio modificado por el Decreto Ejecutivo 276 de 25 de junio; 279 del 26 de junio, y 280, 281, 282, 288, 290, 291, 292, 293, 294, 299, 300, 309, 310 y 311 del 30 de junio. Todos firmados por Martinelli y Alma Cortés, actuando como ministra de Gobierno encargada.
Martinelli abandonó el Palacio de las Garzas el 30 de junio pasado.
Varela y Henríquez sostienen que en los ministros de la Presidencia y de Gobierno no consta expediente alguno que documente que los indultos fueron otorgados a personas condenadas por delitos políticos.
"De forma explícita los decretos ejecutivos señalados han pretendido extinguir la pena de delitos comunes, así como la acción penal, y aplicarse a casos sin condena, e incluso procedimientos administrativos y a las responsabilidades derivadas de los mismos, todo lo cual es indisponible al Órgano Ejecutivo en ejercicio de la prerrogativa constitucional de gracia", destaca el decreto firmado por Varela y Henríquez.
El pasado 30 de julio, el Tribunal Electoral remitió al Ejecutivo una nota (678-MP-TE) que informa que "no consta" en sus informes que las personas favorecidas por Martinelli estuvieran condenadas antes de ser indultadas, por delitos políticos, mediante "sentencia judicial en firme".
También se preguntó en la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) y la Corte Suprema de Justicia, y la respuesta fue similar a la del TE.
"En adición a la apresurada expedición de numerosos indultos en un breve lapso, en los días finales de un mandato presidencial, las diligencias realizadas permiten confirmar la existencia entre los indultados de personas procesadas por graves delitos comunes, incluso por violaciones a los derechos humanos, así como de personas sin procesos ni condenas de ningún tipo, todas ellas excluidas en derecho de la posibilidad de ser indultadas, lo que consolida la convicción de que los decretos ejecutivos examinados se emitieron omitiendo los trámites necesarios para asegurar el debido examinados", señala el decreto firmado por Varela y Henríquez.
Para colmo, los indultos de Martinelli fueron mal redactados: nombres incompletos, apellidos en orden inverso, números de cédulas equivocadas y duplicadas, son algunas de las anomalías detectadas.
Los asesores legales los ministerios de la Presidencia y de Gobierno concluyen que el Órgano Ejecutivo no tenía la competencia para otorgar los indultos "en las circunstancias examinadas".
Varela había informado que el equipo legal elevó consultas al Procurador de la Administración, Óscar Ceville, pero éste negó la posibilidad de la revocatoria de estos decretos firmados por el exmandatario, por considerar el caso debía ser manejo por la Corte Suprema. La opinión del procurador de la Administración no es vinculante.
Varela no es el primero que deroga los indultos dados por su antecesor. En 1999, la entonces presidenta Mireya Moscoso hizo lo mismo con unos beneficios dados por su antecesor, Ernesto Pérez Balladares, por considerar –también- que éstos no eran de carácter político.
PIDEN RESPONSABILIDAD PENAL
El presidente Varela también ordenó remitir copia del decreto de la anulación y revocatoria de los indultos a la Procuraduría General de la Nación, "a fin de que se determine la responsabilidad disciplinaria, penal o patrimonial en que puedan haber incurrido los funcionarios que expidieron los indultos revocados".
En el grupo de indultados por Martinelli están los diputados electos impugnados –la mayoría por el supuesto uso de recursos del Estado-; la directora de la Autoridad de la Micro y Pequeña Empresa (Ampyme), Giselle Burillo; el secretario de Comunicación del Estado, Luis Eduardo Camacho; el presidente de su partido aliado Molirena, Sergio González Ruiz; el también directivo del Molirena, Gabriel De Janón, y la secretaria del Consejo Nacional de Desarrollo Sostenible (Conades), Danna Harrick.
También están varios agentes policiales vinculados a casos de homicidio, el exingeniero municipal Jaime Salas; el excandidato presidencial Gerardo Barroso; el exprecandidato presidencial del PRD, Honorio Vega; el exdiputado Francisco "Toto" Ameglio; el abogado Sidney Sittón, todos los imputados por las inundaciones en Prados del Este y varios comunicadores afines a la gestión de Martinelli, como Rafael Berrocal, Julio Miller, Alfonso Zamora, Carlos Zavala y Alfredo Prieto, secretario de Comunicación en el gobierno anterior.