Los frascos viajaron por todo el país, eran despachados con recetas firmadas por médicos, pero contenían un veneno que acabó con la vida de cientos de personas y dejó a muchas más luchando con las secuelas.
El año 2006 se convirtió en uno de los más trágicos para cientos de pacientes que acudían a la Caja de Seguro Social (CSS) en busca de alivio. Miles de frascos de medicinas distribuidas en todo el país estaban contaminados con el tóxico dietilenglicol.
La entidad compró a un proveedor extranjero supuesta glicerina con la que el Laboratorio de Producción de Medicamentos elaboró jarabes y cremas de uso tópico.
El alcance e impacto de la contaminación ocasionada a los pacientes no fueron visibles de inmediato. Algunos de los afectados presentaron síntomas de insuficiencia renal de forma rápida; en otros casos las afectaciones a la salud fueron paulatinas y la gravedad solo se notó con el paso del tiempo.
Luego de 20 años de esa tragedia, que según cifras oficiales ocasionó unas 800 muertes —hasta el cierre de la investigación en 2010— y afectaciones de por vida a otras 1,300 personas, la Corte Suprema de Justicia ha resuelto favorablemente 63 demandas contra el Estado, la mayoría de ellas en 2026.
Los procesos de indemnización
La investigación del Ministerio Público abrió la puerta para que víctimas y familiares de personas fallecidas a causa del tóxico demandaran al Estado como responsable por la negligencia en la que incurrió la CSS en el proceso de compra, elaboración y control de calidad de las medicinas que produjo.
La Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo y Laboral de la Corte ha recibido 472 demandas de indemnización, de las cuales hasta octubre de este año ha emitido 63 sentencias condenatorias, que implican el pago de sendas indemnizaciones por $25 mil en concepto de daño moral derivado de una falta de seguridad en los medicamentos producidos por el extinto Laboratorio de Producción de Medicamentos de la CSS.
Además, se ordenó a la CSS la presentación de disculpas públicas por escrito a cada uno de los afectados. Esas disculpas deberán mantenerse en el sitio web de la institución y en sus redes sociales.
También se ordenó la construcción de un monumento y la instalación de una placa conmemorativa con el nombre de todas las víctimas reconocidas en la sede de la Ciudad de la Salud.
Otro aspecto que debe cumplirse es la inclusión en el portal web de la CSS de una sección exclusiva para los casos de dietilenglicol, con un mapa interactivo por provincia, en el cual se mantenga actualizada la información de cada una de las demandas.
Los miembros del Comité por el Derecho a la Salud y la Vida han expresado su decepción por el manejo de los casos en la esfera judicial. Gabriel Pascual, vocero del grupo, asegura que la Corte está en mora porque el manejo de los expedientes es muy lento. También cuestiona los montos de las indemnizaciones, que califica como “irrisorios”.
Los expedientes deben avanzar, ya sabemos que hay un responsable, que es el Estado, y hoy las víctimas lo que aspiran es que les permiten vivir de manera honrosa y vigorosa en su entorno familiar.
Primeros pagos por parte de la CSS
La CSS informó que habilitó partidas presupuestarias especiales (iniciando con un fondo de $300,000) para los primeros grupos validados, que suman 12 víctimas, a propósito cumplir con los desembolsos ordenados por los tribunales.
La información proporcionada por la CSS indica que de los 34 fallos que han recibido hasta el momento, por parte de la Sala Tercera de la Corte ya ha pagado siete, y que en otros cinco casos está pendiente que la firma que representa a los beneficiados presente el poder requerido para entregar el cheque. También indicaron que los beneficiarios de estos cinco cheques tampoco han acudido para retirarlos.
La entidad confirmó a La Prensa que está haciendo las gestiones para un traslado de partidas presupuestarias que permita efectuar el pago de la indemnización a otras 12 víctimas cuyas sentencias ya les han sido notificadas.
Taixing Glycerin Factory: el origen
La tragedia se inició a miles de kilómetros de Panamá, cuando la empresa china Taixing Glycerin Factory envió a Panamá como glicerina un compuesto que contenía un alto porcentaje de dietilenglicol, un refrigerante para autos.
El producto llegó a Panamá en 2004. La crisis obligó a las autoridades de salud a establecer un protocolo para la atención y revisión de las personas afectadas por el tóxico y a levantar un registro de los afectados.
La investigación penal
En octubre de 2006, a raíz de los fallecimientos, la fiscalía Auxiliar inició una investigación de oficio; solicitó información a la CSS y al Ministerio de Salud sobre el trámite realizado para la obtención de la materia prima para hacer los medicamentos, el control de calidad y las medidas de seguridad para fabricarlos; y pidió al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses informes sobre la causa de los fallecimientos.
A raíz de la cantidad de personas y la complejidad de las investigaciones, el Ministerio Público creó la Fiscalía Superior Especial, dedicada exclusivamente a las pesquisas relacionadas con la compra, fabricación, distribución y efectos de los medicamentos.
La fiscalía logró establecer que la CSS emitió 110 mil recetas a pacientes con diversas dolencias, y que estas fueron distribuidas en todo el país, incluidas las comarcas. Las anomalías e inconsistencias encontradas en el proceso de elaboración de medicinas llevaron a que se ordenara el cierre del del Laboratorio de Producción de Medicamentos de la CSS y al retiro de 17 medicamentos del cuadro básico.
Mientras, la CSS ordenó la recolección de todos los frascos de medicina entregados y alertó a la población que no debía consumirlos. La advertencia llegó tarde para cientos de pacientes.
La investigación penal se centró en tres aspectos: conocer la empresa responsable de la introducción del tóxico; la responsabilidad de los funcionarios del CSS a cargo del Laboratorio de Producción de Medicamentos, el departamento de control de calidad y los directivos de la CSS responsables de la supervisión; y el funcionamiento de sus departamentos.
En noviembre de 2006 la fiscalía indagó y ordenó la detención provisional de Ángel de La Cruz, gerente y propietario del Grupo Medicom, empresa que importó el tóxico y que se lo vendió a la CSS.
Fallos y sanciones
En 2017, el Segundo Tribunal condenó a Ángel De La Cruz a una pena de cinco años de prisión, fallo que fue reformado por la Sala Penal, que le aumentó la sanción a 15 años de cárcel. En ese fallo también se condenó a 18 meses de prisión al exdirector de la CSS, René Luciani, y al exasistente de farmacia, Ignacio Taylor, quienes inicialmente habían sido absueltos.
También se sancionó a Linda Thomas, exjefa del laboratorio de la CSS, quien fue condenada a 18 meses de prisión; y Edward Taylor, exfuncionario de control de calidad del laboratorio de la CSS, quien recibió una sentencia de 15 años de cárcel.
En tanto, Teófilo Gateno, empresario que financió la compra del tóxico, fue condenado a cinco años de prisión; y Miguel Algandona, exanalista del laboratorio de la CSS, fue sancionado con 15 años de cárcel.
A la vez, se mantuvieron las condenas impuestas a Nereida Isabel Quintero Ortiz de Velasco y Marta Cristell Sánchez Bustamante de Castillo, de 12 meses de prisión e inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas.
La Sala Penal confirmó la pena impuesta a Nereida Isabel Quintero Ortiz de Velasco y Marta Cristell Sánchez Bustamante de Castillo, de 12 meses de prisión e inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas. Se absolvió a Josefa De La Cruz.
En el caso del entonces director de la CSS, René Luciani, fue enviado a la cárcel El Renacer en febrero de 2018, y el 30 de abril del mismo año salió en libertad, luego de que un juez de cumplimiento declaró extinguida su pena.
En febrero del mismo año, se declaró extinguida la pena impuesta a Linda Thomas. En su caso, su defensa pidió que se reconociera como tiempo en prisión el periodo en que gozó de las medidas cautelares de detención preventiva (80 días), reporte quincenal (24 días) e impedimento de salida del país (773 días), aplicadas durante todo el proceso judicial.
