Concluyó ayer el término de la investigación que se le sigue en la Corte Suprema de Justicia al expresidente Ricardo Martinelli y actual diputado del Parlamento Centroamericano por las interceptaciones de comunicaciones al menos 150 personas durante su gobierno (2009-2014).
Así consta en el auto dictado ayer por el magistrado fiscal del proceso, Harry Díaz, en el que se detalla que las pesquisas del caso se iniciaron por mandato del pleno de la máxima corporación de justicia el 13 de agosto pasado. Esta causa penal está identificada con el número de carpeta 138-15.
“Como quiera que se tienen suficientes elementos de convicción que acreditan el hecho punible y la vinculación del señor Ricardo Alberto Martinelli Berrocal (...) se hace necesario comunicar, a todas las partes intervinientes dentro del proceso, que ha concluido el término de investigación”, dice el auto.
Díaz fundamenta esta notificación en el artículo 291 del Código Procesal Penal, inherente, precisamente, a los plazos de investigación; y en el artículo 492 de la misma norma, relacionado con la calificación de la investigación.
De acuerdo con este último artículo, el magistrado fiscal debe emitir por escrito su opinión jurídica sobre el proceso y detallar si considera que el imputado debe ser llevado a juicio o sobreseído. Corresponde al juez de garantías –el magistrado Jerónimo Mejía– calificar la investigación.
En el caso de que se solicite y avale el encausamiento criminal del imputado, el juez de garantías debe convocar a una audiencia de formulación de acusación en un plazo no menor de 10 días ni mayor de 20 días.
Como quiera que el magistrado fiscal admite en el auto firmado ayer que tiene “suficientes elementos de convicción que acreditan el hecho punible y la vinculación” del expresidente, puede inferirse que solicitará el enjuiciamiento del exmandatario al juez de garantías y que este deberá convocar a una audiencia este mes o a comienzos de noviembre.