La Corte Suprema de Justicia (CSJ) acumuló siete denuncias presentadas contra el expresidente Ricardo Martinelli por la presunta comisión de delitos contra la inviolabilidad del secreto y el derecho a la intimidad (escuchas telefónicas ilegales), que quedaron radicadas en el despacho del magistrado Harry Díaz.
Una fuente de la CSJ detalló que en manos de Díaz quedaron las denuncias presentadas por los miembros del Partido Revolucionario Democrático (PRD) Mitchell Doens y Balbina Herrera.
También se encuentra la denuncia presentada por Miguel Antonio Bernal y la interpuesta por el diputado del partido Panameñista, José Luis Varela.
Así mismo, se incluye la presentada por el abogado Rosendo Rivera y la interpuesta por el ex candidato presidencial del PRD Juan Carlos Navarro.
El pasado lunes también se constituyó como querellante en este proceso el periodista Rubén Polanco.
Polanco apareció como una de las 150 víctimas de escuchas telefónicas registradas durante la administración de Martinelli. Esta última querella también quedó radicada en el despacho del magistrado Díaz.
Por el caso de los pinchazos telefónicos, la Fiscalía Especializada contra la Delincuencia Organizada solicitó el llamamiento a juicio de los exsecretarios del Consejo de Seguridad Nacional, Gustavo Pérez y Alejandro Garuz, ambos detenidos en la cárcel El Renacer.
En este proceso también figuran los exfuncionarios del Consejo de Seguridad, William Pittí y Ronny Rodríguez, quienes se encuentran prófugos de la justicia.
Durante la investigación realizada por la fiscalía, se acreditó que Rodríguez y Pittí ejecutaron escuchas telefónicas y seguimientos de reconocidas figuras políticas, empresarios, dirigentes sindicales y periodistas.
También se conoció que Rodríguez entregaba un informe diario de las escuchas realizadas a la Presidencia de la República.Según la vista fiscal, el equipo utilizado para realizar las intervenciones telefónicas fue trasladado a las instalaciones del Súper 99, ubicadas en Calle 16, corregimiento de Río Abajo, propiedad de Martinelli. El hecho ocurrió después de que se efectuaran las elecciones generales de mayo de 2014, contienda que perdió el candidato oficialista José Domingo Arias.
Mientras que la Fiscalía Segunda Anticorrupción adelanta una investigación por el contrato de $13.4 millones para la adquisición de los equipos informáticos a una empresa israelí, para realizar las escuchas, que compró el Programa de Ayuda Nacional. En tanto, la Fiscalía Tercera Anticorrupción investiga a los implicados en la pérdida de la máquina espía.