Las 15 agrupaciones que integran la Alianza Ciudadana Pro Justicia cuestionaron la decisión del juez decimoquinto de circuito penal, Leslie Loaiza, que sobreseyó provisionalmente el pasado 2 de junio a los involucrados en el caso de Buko Millonario.
Por este caso fueron sobreseídos provisionalmente el exministro de Economía y Finanzas Frank De Lima; la ex secretaria ejecutiva de la Junta de Control de Juegos Giselle Brea y al exsubcontralor de la República Luis Felipe Icaza.
Loiza ordenó además dejar sin efecto las medidas cautelares de impedimento de salida del país que tenían los imputados en este caso.
La Alianza Ciudadana Pro Justicia recordó que este sobreseimiento se dio luego de 17 meses de haber iniciado la investigación llevada a cabo por la Fiscalía de descarga Anticorrupción por los delitos contra la fe pública en la modalidad de falsificación de documentos.
Uno de los cuestionamientos de las agrupaciones es que el sobreseimiento se decidió sin una audiencia preliminar, lo cual no le dio la oportunidad a la Fiscalía de descarga Anticorrupción de presentar “los resultados de su investigación y sustentar la acusación en el caso”.
Para la Alianza, son sumamente preocupante y decepcionante las situaciones que se presentaron en este caso, sobre todo para la ciudadanía que espera justicia.
“La preocupación es mayor cuando nos percatamos que este mismo juzgado fue el que dictó sobreseimiento definitivo para tres funcionarios en el caso de comida deshidratada, que aún se encuentra en apelación”, recalcó.
Además, según las agrupaciones, Loaiza será el juez de los casos de “bolsas de comida, compraventa de granos, piso y techo, mochilas escolares y alquiler de aeronaves, que están esperando desde hace más de un año audiencias preliminares”, recalcó la Alianza Ciudadana en un comunicado divulgado dos días después que se conociera sobre el sobreseimiento.
La Alianza Ciudadana exige “jueces probos que actúen con independencia, respeto al debido proceso y que con sus fallos envíen un mensaje claro a la sociedad de que la corrupción no paga”.