Auditorías confirman que investigados por compras del PAN están vinculados a 'actos delictivos'

La procuradora de la Nación, Kenia Porcell, señaló que las auditorías de la Contraloría confirman que las personas investigadas por el posible peculado en las compras del Programa de Ayuda Nacional (PAN) “están involucradas en el acto delictivo”.

Así consta en una nota de prensa que el despacho de la Procuradura circuló el domingo.

“Con la incorporación de estas pruebas científicas, los fiscales anticorrupción podrán culminar sus vistas para remitir los expedientes a las instancias judiciales”, agrega el comunicado.

La auditoría es parte de las pruebas sumarias que requieren los fiscales que instruyen los procesos por posibles delitos contra la administración públicas.

La semana pasada, Porcell dijo a La Prensa que desde julio de 2014 a la fecha se han abierto 164 investigaciones por lesiones patrimoniales.

Por lo pronto, ya la Contraloría ha completado cuatro auditorías: la del contrato a Lerkshore para la venta de alimentos deshidratados por $44.9 millones; la de las bolsas de alimentos; la de la compra de la máquina pinchadora por $13.4 millones a una empresa israelí, y la del posible enriquecimiento injustificado del exministro de Desarrollo Social, Guillermo Ferrufino, actualmente detenido.

Por el caso de los alimentos deshidratados, mañana (lunes) empieza en la Corte el proceso al expresidente Ricardo Martinelli, por su posible vinculación a esta compra, después de que el exdirector del PAN, Giacomo Tamburrelli, señalara que recibió órdenes de Martinelli para contratar a Lerkshore.

Hace dos semanas, el Ministerio Público envió un vista fiscal en la que pide llamar a juicio a nueve personas: Tamburrelli; el ex secretario privado de Martinelli, Adolfo “Chichi” De Obarrio; la excontralora Gioconda Torres de Bianchini; los exministros Lucy Molinar (Educación) y Federico José Suárez (Obras Públicas); las exviceministras María Fábrega (Presidencia) y Marta Susana de Varela (Desarrollo Social); el exjefe de Nutrición del PAN, Ángel Flamiglietti, y el representante de Lerkshore, Rubén De Ycaza. Todos tienen medidas cautelares de país por cárcel o casa por cárcel, salvo De Obarrio, el único que no ha sido indagado y cuyo paradero es desconocido.