La sociedad civil organizada invocará el Código de Ética Judicial, aplicable a todos los jueces y magistrados, para solicitar la separación de José Ayú Prado, presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), como juez de garantías en la causa seguida al exgobernante Ricardo Martinelli por el manejo irregular de cuatro cuentas a través de la casa de valores, Financial Pacific, actualmente en proceso de liquidación formal.
El citado Código, adoptado mediante Acuerdo 523 del 4 de septiembre de 2008, es considerado “una herramienta orientadora de actuaciones honestas, idóneas, independientes, justas e imparciales de los funcionarios para un correcto desempeño de la administración de justicia”.
En su artículo 13, dice: “El juez está obligado a abstenerse de intervenir en aquellas causas en las que se vea comprometida su imparcialidad o en las que un observador razonable pueda entender que hay motivo para pensar así”.
Otro artículo, el número 14, agrega: “El juez debe evitar las situaciones que directa o indirectamente comprometan su criterio en la causa”.
Con ello se colige que las únicas razones que tendría Ayú Prado para declararse impedido no serían las invocadas en el artículo 53 del Código Procesal Penal. Hasta ahora, Ayú Prado ha dicho que –según su criterio- no cumple con una sola de las razones enunciadas en el Código Procesal Penal.
Hoy, desde las 3:00 p.m., en el Palacio de Justicia Gil Ponce, se celebra una reunión con dirigentes de gremios empresariales y de la sociedad civil organizada, convocada por Ayú Prado, a solicitud de Movin. En la cita participan otros magistrados, como Hernán De León, Luis Ramón Fábrega, Nelly Cedeño, Abel Zamorano y Harley Mitchell, y la suplente de Oydén Ortega, Gisela Agurto.
