La Fiscalía Segunda Anticorrupción otorgó una medida cautelar de casa por cárcel e impedimento de salida del país al empresario Juan Carlos Marciaga, dentro del proceso que adelanta ese despacho por supuestos sobrecostos en contratos para el desarrollo del programa Piso y Techo a través del Programa de Ayuda Nacional (PAN).
Marciaga fue indagado el miércoles por la fiscal Vielka Broce, quien luego de la diligencia le dictó esa medida cautelar.
En la investigación que sigue la Fiscalía Segunda Anticorrupción por supuestos sobreprecios en la compra de materiales para el Programa Piso y Techo se determinó que en la mayoría de las empresas contratadas aparece como firmante el empresario Marciaga, miembro del llamado "círculo cero" del expresidente Ricardo Martinelli.
Así consta en las órdenes de indagatoria que dictó la fiscalía el pasado 29 de abril contra varios sospechosos en el proceso.
De acuerdo con este documento, Marciaga figura como firmante en las cuentas de las empresas Orofil, S.A., Turmark Company, S.A., Grupo H R&R, S.A., Mister Rooster Corporation, S.A., Inversiones J.B.K., S.A., Econobásicos Internacional, S.A., Panamá Group Siulang Inc. y Red Holding International, S.A., que obtuvieron buena parte de los contratos del programa de viviendas.
En la providencia de indagatoria también se detalla que las empresas Panamá Group Siulang Inc., Red Holding International, S.A. e Inversiones Rodadero, que también recibieron contratos, no están inscritas como empleadores en la Caja de Seguro Social.
La fiscalía ordenó, la semana pasada, la indagatoria de la exministra de Vivienda Yazmina Pimentel para que explique por qué no se fijaron controles para que se diera un efectivo servicio de transporte de los materiales, muchos de los cuales nunca llegaron a sus destinatarios.
Además, solicitó la ubicación de Adolfo Chichi De Obarrio, ex secretario privado del expresidente Martinelli, señalado en el expediente como la persona que decidía a quién se le otorgaban los contratos.
Según una auditoría de la Contraloría General de la República, la posible lesión patrimonial en este caso suma $1.1 millones por compras que no se honraron.