El proceso penal abierto a raíz de los envenenamientos masivos con dietilenglicol corre el riesgo ser declarado prescrito, debido a que una gran parte de los querellantes no se ha notificado del fallo dictado el pasado 30 de julio por el Segundo Tribunal Superior.
Así lo explicó el abogado Antonio Vargas, quien representa a las víctimas agrupadas en el Comité por el Derecho a la Salud y a la Vida. De acuerdo con Vargas, gran parte de los querellantes que no se han notificado del fallo no forman parte del comité.
El citado fallo absolvió de responsabilidad al exdirector de la Caja de Seguro Social (CSS) René Luciani; a la exjefa del Laboratorio de Medicinas de esa entidad Linda Thomas; y al exdirector de Farmacia y Drogas del Ministerio de Salud Pablo Solís González.
Por el contrario, condenó a los exfuncionarios de la CSS Edward Enrique Taylor, Miguel Algandona, Nereida Quintero y Marta Cristelly Sánchez, así como a Ángel De La Cruz, dueño de la empresa Medicom, que importó a Panamá el tóxico.
Según Vargas, el próximo año se cumplirán seis años desde que el Segundo Tribunal llamó a juicio a los señalados y ese es el término de prescripción de la pena.
Precisó que la Fiscalía Tercera Superior y el comité apelaron el fallo, pero si todos los querellantes no se notifican la sentencia no está firme y el Tribunal no puede dar curso a las apelaciones.
