En la Corte Suprema de Justicia circula un proyecto de fallo, elaborado por el magistrado ponente Oydén Ortega, que declinaría la competencia del proceso seguido al expresidente Ricardo Martinelli, dada su supuesta renuncia como diputado del Parlamento Centroamericano (Parlacen).
El fallo propuesto por Ortega admite un amparo de garantías constitucionales que presentó Luis Eduardo Camacho González, a favor del expresidente, en contra de una decisión adoptada el 25 de junio pasado por el magistrado Jerónimo Mejía, juez de garantías del proceso seguido a Martinelli por los espionajes no autorizados a través del Consejo de Seguridad Nacional, en los dos últimos años de su mandato.
En el Órgano Judicial confirmaron la información. El amparo fue presentado el 26 de septiembre pasado.
En el mismo proyecto de fallo, Ortega dispone que Martinelli -detenido provisionalmente en El Renacer por orden del pleno de la Corte- pase a disposición de la "autoridad competente" del Sistema Penal Acusatorio (SPA), que ya no sería el pleno de la Corte.
En la justicia ordinaria, este caso también fue procesado en su momento por el Ministerio Público, que pidió condena para Gustavo Pérez y Alejandro Garuz, exdirectores del Consejo de Seguridad Nacional en el gobierno de Martinelli. El juez decimosexto penal Enrique Pérez ya celebró juicio, pero el caso no ha avanzado a la espera de que la Corte resuelva un recurso presentado por Pérez.
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Ortega también admite la "intervención de tercero" del magistrado fiscal Harry Díaz. El magistrado, en su vista fiscal, pide una pena de 21 años de prisión, por la supuesta comisión de cuatro delitos: contra la inviolabilidad del secreto y del derecho a la intimidad, y dos tipos de peculado.
El amparo que presentó Martinelli es contra la decisión del magistrado juez Mejía, que el 25 de junio pasado negó la declinatoria de competencia por la renuncia de Martinelli al Parlacen, ya que el proceso -en aquel momento- se encontraba en fase de audiencia intermedia. Martinelli era procesado ante la Corte, precisamente por su condición de parlamentario centroamericano.
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"No puede dejarse que la voluntad de una persona distorsione todo el sistema", indicó Mejía. "Este juez mantiene, retiene y no pierde ni perderá la competencia ni [lo hará] el pleno de la Corte Suprema, por una pérdida del cargo de diputado", agregó.
El próximo 19 de noviembre, Mejía convocó a una audiencia para comunicar cuáles pruebas serán admitidas y cuáles rechazadas, del cúmulo presentado por la fiscalía, la defensa y el querellante autónomo.
El 9 de octubre de 2015, el magistrado fiscal Díaz presentó un escrito de acusación en el que pide enjuiciar a Martinelli por la supuesta comisión de cuatro delitos: interceptación de telecomunicaciones sin autorización judicial; seguimiento, persecución y vigilancia; peculado por malversación, y peculado de uso. Díaz pide una condena de 21 años de prisión.
Más información en la edición impresa del diario La Prensa del miércoles 13 de noviembre de 2018...
