El Contralor General de la República, Federico Humbert anunció una "evaluación" a siete megaobras construidas por Odebrecht en Panamá.
La información fue confirmada por Humbert luego de un encuentro con medios de comunicación.
En estas evaluaciones participarán también miembros de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá además de otros cuatro gremios.
Los proyectos que serán evaluados son: mejoramiento y ensanche de la avenida Domingo Díaz; el corredor vial Brasil-Tramos I y II; preservación del patrimonio histórico de la ciudad de Panamá; la interconexión vial avenida Balboa-Avenida Los Poetas; y la cinta costera 1, 2 y 3.
El presidente de la Cámara de Comercio, Jorge García Icaza precisó que estas veedurías ciudadanas "no serán auditorías sino evaluaciones".
A través de un comunicado la Contraloría indicó que el Contralor Humbert cree que los sobornos presuntamente recibidos por miembros del gobierno de Ricardo Martinelli, superarían los 59 millones de dólares.
"No fueron 59 millones, fueron más, no fueron cuatro personas, fueron más, y no fue una sola empresa, fueron muchas más", especifica el comunicado.
En diciembre pasado, el Departamento de Justicia de Estados Unidos reveló que entre los años 2010 y 2014, el gigante brasileño de la construcción Odebrecht pagó $59 millones a funcionarios de alto rango en el Gobierno de Panamá para asegurarse contratos de obras públicas.
"Entre 2010 y 2014 Odebrecht realizó depósitos por $59 millones en pagos corruptos a oficiales del Gobierno de Panamá e intermediarios que trabajaban a su favor para asegurarse la adjudicación de contratos de infraestructura pública", señalan documentos divulgados por la Corte del Distrito Este de Nueva York.
"Odebrecht recibió beneficios por estos contratos de más de $175 millones como resultado de estos sobornos", agrega el documento.
Por lo menos $6 millones se pagaron -siempre según los documentos de la Corte del Distrito Sur de Nueva York- a través de la oficina de División de Pagos Estructurados de Odebrecht, que hizo los pagos a compañías establecidas en jurisdicciones offshore, siguiendo instrucciones de los funcionarios panameños y sus intermediarios.
La compañía -que colaborará con las autoridades- admitió violaciones a la Ley sobre Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA, por sus siglas en inglés), una ley que data del año 1977 y que penaliza los sobornos a funcionarios de otros Gobiernos para concretar negocios.