La Contraloría General de la República, a través de la Dirección de Investigaciones y Auditoría Forense (DIAF), determinó un "posible perjuicio económico" causado al patrimonio del Estado por un monto de $10 millones 134 mil.
Así lo informó la institución a través de un comunicado de prensa.
De acuerdo a la Contraloría, la posible lesión corresponde a los servicios de alquiler de aeronaves durante el periodo 2010-2014, cuyas contrataciones fueron tramitadas por diferentes entidades estatales.
Sin embargo, señala el informe de la entidad, el pago se realizó a través del Programa de Ayuda Nacional, sin que "se evidenciara la contraprestación del servicio y, en otros casos, las rutas y horas de vuelo no coinciden con los registros que reposan en la Autoridad de Aeronáutica Civil".
El contralor general Federico Humbert señaló que, “la entidad cumplió con realizar las auditorías y se encontró indicios de un posible perjuicio económico de más de diez millones de balboas, y por ende, hemos remitido el informe que consta de 10 tomos y más de 8 mil fojas a las Fiscalías para las investigaciones correspondientes”.
Agregó que aparte del perjuicio económico al Estado también se obvió, a través de ejecuciones irregulares la verificación previa que exige la Ley 22 de Contrataciones Públicas.
