La Corte Suprema de Justicia (CSJ) solicitó desde hace dos años y medio a la Procuraduría General de la Nación, que investigue unas fincas en la provincia de Coclé que reiteradamente son utilizadas como garantía para consignar fianzas de excarcelación en diferentes procesos civiles y penales.
Según el magistrado Harry Díaz, se podría estar ante la posible comisión del delito de estafa, dado que varias fincas tienen un valor “alterado”.
En una nota enviada a la procuradora Kenia Porcell el 19 de febrero de 2015, el magistrado presidente José Ayú Prado se refiere específicamente a un conjunto de terrenos en el corregimiento de El Roble, distrito de Aguadulce, provincia de Coclé, ofrecidos por la sociedad Reforestadora San Cristóbal, S.A. como fincas en garantía.
Las fincas tienen una superficie de 1,000 m2. a 1,500 m2., cada una con un valor catastral “certificado por la Autoridad Nacional de Tierras [Anati], de $400 mil”. En los lotes no constan inmuebles ni mejoras declaradas.
En su nota a Porcell, Ayú Prado informa que, en una consulta al Registro Público, se pudo probar que los terrenos ofrecidos en garantía son parte de una finca madre que tiene un área de poco más de 29 hectáreas, más un área a segregar de 27 hectáreas.
“La finca madre, identificada como finca No. 507, fue segregada en 193 lotes o fincas nuevas, cada una de las cuales aparece inscrita en el Registro Público con un valor catastral de $400 mil”, señala la nota de Ayú Prado.
Por tanto, la finca madre tendría un valor de $77.2 millones.
Ayú Prado pide a la procuradora que considere si es necesario iniciar un sumario, “y así realizar esfuerzos para acreditar la existencia de uno o varios hechos punibles, para entonces determinar la identidad del o de los responsables, y establecer el grado de auditoría y participación, demandando ante el órgano jurisdiccional lo que en derecho corresponda”.
Una investigación de La Prensa puso al descubierto que las fincas de Reforestadora San Cristóbal y de otro puñado de sociedades están sobrevaloradas y en estado deplorable, sin servicios públicos básicos ni calles de acceso. La mayoría son aceptadas por jueces como garantías para las fianzas de excarcelación de políticos, comerciantes y otros investigados por la posible comisión de delitos contra la administración pública.