La Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia rechazó una demanda de protección de los derechos humanos presentada por la cacica de la etnia ngäbe buglé Silvia Carrera contra la resolución de la extinta Autoridad Nacional del Ambiente –hoy Ministerio de Ambiente– por medio de la cual se aprobó el estudio de impacto ambiental categoría II para la ejecución del proyecto hidroeléctrico de Barro Blanco, Chiriquí.
En un fallo con fecha del 28 de julio pasado y ponencia de la magistrada Nelly Cedeño de Paredes, la sala decidió no admitir el recurso presentado por Carrera con el argumento de que este no cumplió los requisitos necesarios para su debida tramitación.
De acuerdo con el fallo, Carrera debió solicitar la nulidad del estudio de impacto ambiental ante el Ministerio de Ambiente y en caso de no lograr su cometido recurrir ante la Sala Tercera de la Corte; es decir, no agotó la vía gubernativa.
El fallo también sostiene que en el recurso se argumenta que la resolución por la cual se aprobó el estudio de impacto ambiental violó artículos de la Constitución Política, lo que contraviene la legislación contencioso administrativa, ya que cita y fundamenta la demanda en disposiciones de rango constitucional, sobre cuya infracción solo puede pronunciarse el pleno de la Corte.
A juicio de la magistrada Cedeño de Paredes, estos aspectos impiden que la demanda presentada por Carrera pueda ser tramitada por la Sala Tercera.
La demanda planteó la existencia de deficiencias técnicas e irregularidades en el estudio de impacto ambiental y que ellas representan serias violaciones de los derechos humanos de acceso al agua, de la libertad de practicar la religión por parte del pueblo ngäbe, y la violación directa al principio de consentimiento previo informado frente a proyectos que afectan su calidad de vida.