Dos nuevas denuncias por supuestas irregularidades en el manejo de partidas y por la presunta comisión de delitos electorales, que involucran a cinco diputados de la Asamblea Nacional, fueron repartidas ayer entre los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
Con estas nuevas acciones, suman ocho los procesos que se siguen actualmente en la CSJ contra diputados.La primera de las dos nuevas denuncias incluye a los diputados Manuel Fanovich, del Movimiento Liberal Republicano Nacionalista; Jorge Alberto Rosas, del partido Panameñista; y Héctor Aparicio, de Cambio Democrático.
Esta acción, del abogado Ernesto Cedeño, fue asignada al magistrado Harley Mitchell. Cedeño acusa a los diputados de la supuesta comisión de delitos contra la administración pública, tras el manejo de las partidas que les fueron asignadas en el pasado gobierno.
Estos tres diputados no fueron incluidos en la primera denuncia que Cedeño interpuso contra 34 de sus colegas reelectos, debido a que estos fueron a un proceso de impugnación que terminó con la celebración de nuevas elecciones.
En marzo pasado, la CSJ rechazó de manera unánime la denuncia de Cedeño, porque “no incluyó prueba idónea que sustentara su relato en contra de 34 miembros de la Asamblea Nacional”.
En esa denuncia, Cedeño incorporó un informe del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), en el que se detalla que “el Estado trasladó $403 millones entre todos los diputados en concepto de partidas circuitales, pero de cuyo uso nunca se reportó detalle ante la Contraloría General de la República”.
En tanto, la segunda denuncia es contra el diputado panameñista Jorge Iván Arrocha y su suplente, Dionisio Pascual, por la supuesta comisión del delito contra la honradez del sufragio en el corregimiento de Río Indio, Penonomé, y fue asignada al magistrado Oydén Ortega.
Este martes se asignó al magistrado Mitchell otra denuncia contra Arrocha y su suplente por una similar acusación, aunque dice que el delito habría sido cometido en Penonomé, Coclé.
Los diputados son investigados bajo el Sistema Penal Acusatorio y el procedimiento especial que indica la Ley 55 de 2012, ‘ley blindaje’, que fija dos meses de plazo para instruir el sumario.