La defensa de la exministra de Educación Lucy Molinar, interrogó ayer a los auditores de la Contraloría General de la Nación, para conocer cuáles fueron los criterios y metodología usados en los informes que emitieron sobre posibles sobrecostos en los contratos por la compra de comida deshidratada para escuelas públicas, a través del Programa de Ayuda Nacional (PAN).
La diligencia, que se extendió por más de nueve horas, se efectuó en la Fiscalía Segunda Anticorrupción que investiga este caso por el que están imputadas la exministra y la excontralora Gioconda Torres de Bianchini por supuesto delito contra la administración pública.
El exdirector del PAN Giacomo Tamburrelli y el empresario Rubén De Ycaza –este último presidente de la empresa Lerkshore International Limited, S.A., que obtuvo el contrato de $45 millones por la comida deshidratada– también son investigados en este proceso y ambos tienen medida cautelar de casa por cárcel.
