CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

El magistrado Fábrega decidirá sobre el recurso que presentó el defensor, contra la Comisión de la Mujer

El magistrado Fábrega decidirá sobre el recurso que presentó el defensor, contra la Comisión de la Mujer
Una subcomisión de la Asamblea Nacional abrió una investigación por las acusaciones contra Castillero Hoyos.

El defensor del Pueblo, Alfredo Castillero Hoyos, presentó la pasada semana un recurso de interpretación judicial ante la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativa de la Corte Suprema de Justicia, sobre la actuación de la Comisión de la Mujer, la Niñez, la Juventud y la Familia de la Asamblea Nacional, que designó una subcomisión legislativa para atender una queja por presunto acoso sexual y laboral contra este funcionario.

En un reparto celebrado el pasado viernes, en la secretaría de la Sala Tercera, el recurso quedó radicado en el despacho del magistrado Luis Ramón Fábrega, quien deberá decidir si admite o no la acción presentada por Castillero Hoyos.

El recurso busca establecer si la Comisión de la Mujer está facultada para realizar un análisis de las actuaciones del defensor del Pueblo y hacer algún tipo de recomendación para su remoción del cargo.

La subcomisión fue creada el pasado 8 de agosto de 2019, con el propósito de adelantar gestiones para determinar supuestas situaciones irregulares, entre ellas denuncias de acoso sexual y laboral, ocurridas a lo interno de la Defensoría del Pueblo. La comisión alegó haber obtenido declaraciones de varias personas sobre presuntas conductas irregulares de sus funcionarios.

En una entrevista a este medio, Castillero Hoyos dijo que luchará por sus derechos "por todas las vías que la ley permite. Tengo que limpiar mi nombre".

Alega que la Asamblea no está facultada para investigarlo.

"Lo responsable al recibir la supuesta denuncia por acoso sexual era enviarla al Ministerio Público. En cuanto al supuesto acoso laboral, podría rendir informes ante la Asamblea, pero a través de la Comisión de Gobierno, no de la Mujer. Y ese es un tema administrativo, no un delito. El artículo 1 de la Defensoría dice que tenemos plena autonomía administrativa. Eso lo deberían respetar", indicó.

 

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