El Juzgado Decimoprimero Penal dictó un sobreseimiento provisional en la investigación adelantada por la Fiscalía Segunda Anticorrupción, por la presunta comisión de delitos contra la administración pública en la compra de granadas, uniformes y explosivos a diferentes estamentos de seguridad.
La resolución, con fecha del pasado 29 de junio y firmada por el juez decimoprimero Eduardo De La Torre, señala que, ante la falta de un informe de la Contraloría General, no existen los suficientes elementos para acreditar un posible hecho delictivo, ni mucho menos determinar la vinculación del mismo con las sociedades investigadas.
Se trata de una investigación abierta por la fiscalía tras una publicación del diario La Prensa del 26 de febrero de 2015, donde se denunciaron contrataciones directas entre cuatro sociedades propiedad de Roberto Carretero para la compra de suministros bajo la condición de “seguridad, ciudadana, presidencial y del Estado”.
Entre las empresas figuraban Ultratech International Enterprises S.A., Mil-Spec International, International Munitions & Explosives y Max Gear Inc.
La publicación reveló que el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) traspasó $1.2 millones al extinto Programa de Ayuda Nacional para la compra directa de suministros para los estamentos de seguridad del Estado.
