El Ministerio de Gobierno anunció una serie de allanamientos realizados durante la mañana de este 10 de agosto donde resultaron detenidas 13 personas por presuntamente alterar sentencias judiciales.
Dentro de los detenidos están cuatro funcionarios del Sistema Penitenciario, tres exfuncionarios de esta institución, dos privadas de libertad y cuatro particulares.
En rueda de prensa, el fiscal Marcelino Aguilar, precisó que los detenidos son 10 mujeres y tres hombres. Una de las detenidas sería la empleada de un banco que recibió unos 80 mil dólares como pago por diferentes actos irregulares de esta red.
Los allanamientos para desmantelar esta red se realizaron en las cárceles de La Joya, Nueva Esperanza de Colón y en el Centro Femenino de Rehabilitación Cecilia Orillac, además de un número de viviendas y oficinas no precisado de momento.
Algunas de las presuntas irregularidades detectadas son la alteración de sentencias dictadas por tribunales, falsificación de boletas de libertad y manipulación de traslados de privados de liberad.
La Procuradora General de la Nación, Kenia Porcell citó un caso en donde esta red llegó a pedir 70 mil dólares para liberar a un privado de libertad.
En la investigación iniciada el año pasado participaron miembros del Ministerio Público, del Sistema Penitenciario, Dirección de Investigación Judicial y Policía Nacional.
El Origen de la investigación
La investigación del caso inició el pasado 5 de diciembre de 2015 cuando el entonces director del Sistema Penitenciario, Gabriel Pinzón introdujo una denuncia en el Ministerio Público sobre estas irregularidades.
De acuerdo a información preliminar de la investigación, el fiscal Aguilar afirmó que la red habría actuado durante varios años liberando a diversos reos alterando sentencias, muchos de los cuales llegaron a salir de Panamá.
Algunos de los detenidos pertenecen a la Junta Técnica del Sistema Penitenciario, quienes, de acuerdo a la versión del fiscal habrían presuntamente alterado la base de datos para rebajar penas a los condenados.