Los jueces de cumplimiento que tienen el control de la ejecución de la sentencia impuesta a Alejandro Moncada Luna, no han decidido cómo hacer frente a los recursos presentados por la defensa del exmagistrado, que piden se revisen sus condiciones carcelarias.
A la reunión convocada para este miércoles 8 de febrero solo se presentaron los diputados Rony Araúz, de Cambio Democrático (CD) y Jorge Iván Arrocha, del oficialista Partido Panameñista. No asistió Crescencia Prado, del Partido Revolucionario Democrático (PRD). Los tres fueron designados jueces de cumplimiento por el presidente de la Asamblea, Rubén De León, a través de una resolución emitida el 30 de octubre de 2015.
“Tenemos ciertas consultas… Para que exista una audiencia tiene que existir la figura de un fiscal, pero ustedes recordarán que una vez terminó el juzgamiento del exmagistrado, las figuras de las juezas de garantías y del fiscal terminaron. Así que es el primer vacío que estamos viendo en esto”, dijo Araúz, quien actúa como presidente del cuerpo de jueces de cumplimiento.
Araúz también mencionó que el Código Procesal Penal no desarrolla la figura del juez de cumplimiento, en los casos en que dicha facultad recaiga en la Asamblea Nacional.
“Realmente para hacer un buen trabajo, queremos hacer las consultas respectivas y tener mayores luces al respecto”, agregó.
Desde el 5 de marzo de 2015, Moncada Luna está en El Renacer, donde cumple condena de 60 meses de prisión por los delitos de enriquecimiento injustificado y falsedad de documentos públicos.
El diputado Pedro Miguel González actuó como fiscal del caso, mientras que las diputadas Ana Matilde Gómez, Zulay Rodríguez y Katleen Levy fueron designadas como juezas de cumplimiento.
'UN TOTAL ABSURDO'
Gonzalo Moncada, primo del exmagistrado y quien apoya al equipo legal, dijo que es un 'total absurdo' lo que manifestó el diputado Araúz.
"Pocas veces he escuchado un derroche de ignorancia, en materia de derecho. Es una burla y ridículo lo que ha dicho el diputado. Después de un año es que ahora van a realizar consultas", se quejó.
Agregó que no tiene sentido porque la Asamblea ya cuenta con asesores legales "que no se qué cantidad de dinero" se ganan, y entonces "ahora van a hacer este tipo de consultas, esto es un total absurdo y ridículo.
Añadió que el Código Procesal Penal establece que una vez se hace una solicitud deben convocar a una audiencia en menos de 48 horas, pero en este caso ha pasado un año.