La empresaria Poulett Morales, imputada en el proceso relacionado con supuestos sobrecostos en la compraventa de mochilas escolares a través del Programa de Ayuda Nacional (PAN), se encuentra en su residencia del edificio Ocean One, en Costa del Este.
La información fue confirmada por su abogado, Franklin Amaya, quien dio a conocer que su cliente fue dada de alta la semana pasada por los médicos que la atendían en el Hospital Nacional (HN).
Luego de consignar una fianza de 100 mil dólares, el 15 de octubre pasado, el Juzgado Decimoquinto le cambió a Morales la medida cautelar a país por cárcel, tras estar detenida desde el 3 de junio.
Amaya destacó que Morales quedó pendiente de una evaluación por parte de los galenos del HN que le practicaron exámenes y le dieron una alta condicionada, sujeta a tratamientos.
Explicó que formalmente la única restricción de la empresaria es la de salir del país sin una autorización judicial.
De acuerdo con Amaya, esto quiere decir que si en algún momento necesita viajar por temas de trabajo o salud particularmente, Morales necesitará un permiso de la autoridad correspondiente, en este caso el juzgado. La fiscalía podría oponerse o no.
En un informe de auditoría de la Contraloría, se determinó que seis empresas ocasionaron una lesión al Estado de $14.2 millones por los contratos para la compra de 600 mil mochilas escolares en el quinquenio pasado.
Las sociedades son APM Supplies y Comercializadora Galbedusa Panamá, S.A., ambas propiedad de Morales. Además, Unitel Trader, S.A. e Inc. Consultoría, S.A., de Carlos Caneto Araúz, actualmente con medida de casa por cárcel.
También está Hialing Corporation y Vafepa, S.A., del comerciante Pablo Ruiz Obregón, quien hace poco recibió cambio de medida cautelar de país por cárcel, tras permanecer detenido desde el pasado 8 de junio.
