El extitular del Ministerio de Obras Públicas Federico Suárez, tiene impedimento de salida del país y tendrá que noticarse los días 15 y 30 de cada mes.
La medida fue ordenada por la fiscal Vielka Broce, al término de la indagatoria que Suárez rindió hoy, lunes, como parte de la investigación por la compra de alimentos deshidratados –por $45 millones– con fondos del Programa de Ayuda Nacional (PAN).
Al abandonar la sede de la Fiscalía, Suárez dijo a los periodistas que está dispuesto "a aclarar todo", incluyendo cualquier duda que surja de su gestión como titular del MOP. "Yo no tengo que salir del país, no tengo que salir huyendo, aquí estoy. A dar la cara, como siempre la he dado, con la transparencia, la honestidad y la claridad que me caracteriza", indicó.
"Voy a aprovechar que estamos iniciando la Semana Santa, una semana de reflexión, que todos reflexionamos cuál es el país que tenemos, cuál es el país que queremos. Creo que el país necesita sosiego y necesita que las instituciones hagan su trabajo, todos los funcionarios públicos, toda la empresa privada tiene que enfocarse en que este país siga hacia adelante" (sic), dijo Suárez.
Luego agregó: "El que tenga que rendir ante la ley, que rinda; el que tenga que ser sancionado por los errores que ha cometido, que sea sancionado".
EN LA MAÑANA
La indagatoria a Suárez se extendió por varias horas.
El exministro ingresó al despacho judicial, a las 8:30 am, vestido con camisa blanca y pantalón jean. Ahí dijo a los periodistas que una vez que haya cumplido con la citación daría mayores detalles a los medios de comunicación.
Para hoy también está citada Marta Susana de Varela, exviceministra de Desarrollo Social. La exviceministra de la Presidencia, María Fábrega, fue indagada el viernes pasado.
Todos los anteriores firmaron como miembros del Consejo Directivo del PAN –en una reunión extraordinaria celebrada el 7 de octubre de 2010– el contrato para la compra de la comida deshidratada con la empresa Lerkshore International Limited, representada por Rubén De Ycaza, a quien se le mantiene una medida cautelar de casa por cárcel.
La investigación por la compra de los alimentos deshidratados comenzó el 21 de julio de 2014, a partir de la presentación de una denuncia anónima en la que se revelaron irregularidades en el proyecto 48910 del PAN, conocido como Nutriescuela.
Por este caso también son investigados la exministra de Educación, Lucy Molinar; la excontralora Gioconda de Bianchini; el director del PAN de aquella época Giacomo Tamburelli; el ex funcionario del PAN, Angel Famiglietti, y el empresario De Ycaza.
El expresidente Ricardo Martinelli, aunque no firmó en la directiva del PAN, fue señalado por Tamburrelli como la persona que dio la orden para que se adjudicara el contrato a la empresa Lerkshore International Limited y se fijaran los precios por la nueva comida, destinada a escuelas de bajos estratos socioeconómicos.
