El fiscal de Cuentas, Guido Rodríguez, presentó una demanda de ilegalidad ante la Sala Tercera Contencioso Administrativa contra la resolución No 117-2019 del 30 abril de 2019 del Tribunal de Cuentas, la cual establece en poco más de $3.2 millones el monto que el consorcio Hidalgo & Hidalgo (H&H) debe devolver al Estado.
H&H era el contratista del fallido proyecto de Riego de Tonosí, adjudicado en la administración de Ricardo Martinelli (2009-2014).
La demanda del fiscal Rodríguez, presentada el pasado martes 22 de octubre, señala que el Tribunal de Cuentas actuó de forma prematura e ilegal, al establecer el monto que H&H debía devolver al Estado, ya que está pendiente de calificar la investigación desarrollada por la Fiscalía de Cuentas, a raíz del informe de auditoría de la Contraloría General de la República, que estableció la existencia de una lesión patrimonial por $29 millones 283 mil 310.
La demanda de Rodríguez sostiene que la suma de $3 millones 262 mil 599 que debe devolver H&H al Estado, que fuera establecida por el Tribunal de Cuentas, no es consistente con el perjuicio económico determinado por la Contraloría General de la República en su informe de auditoría No. 05-10-2015-DIAF del 14 de septiembre de 2015.
El fiscal detalla que la decisión del Tribunal de Cuentas viola la Ley 67 de 14 de noviembre de 2008, en donde se establece que la jurisdicción de cuentas "juzga la responsabilidad patrimonial derivada de las supuestas irregularidades contenidas en los reparos efectuados por la contraloría en cuanto al manejo de los fondos públicos".
También plantea que el Tribunal de Cuentas omitió el análisis de las pruebas acopiadas en el expediente por la fiscalía, en cuya vista fiscal se solicitó el llamamiento a juicio para los responsables de H&H.
Rodríguez solicitó a los magistrados de la Sala Tercera de la Corte la suspensión provisional de los efectos de la resolución del Tribunal de Cuentas, porque deja en absoluta indefensión al Estado y merma la posibilidad de recuperar los fondos que le fueron adelantados a la empresa H&H.
En agosto pasado, el Segundo Tribunal Superior de Justicia determinó que la nulidad declarada sobre el proceso seguido al exministro de Desarrollo Agropecuario, Emilio Kieswetter, y al antiguo ejecutivo de H&H, Marco Albán, por presunto peculado en el proyecto para construir el sistema de riego de Tonosí, alcanza a los otros 31 investigados.
El fallo del Segundo Tribunal, fechado el pasado 27 de agosto y que lleva la firma del magistrado José Hoo Justiniani, confirmó que la decisión de declarar nulas las pesquisas realizadas se extiende a todos los imputados.
En julio pasado, el Segundo Tribunal declaró la nulidad de las indagatorias a Kieswetter y Albán, por supuestas violaciones de las garantías procesales y derechos humanos de los procesados, ya que -según el Segundo Tribunal- la fiscalía anticorrupción les formuló cargos cuando había vencido el término.
