La fiscal Primera Anticorrupción, Tania Sterling, pidió llamar a juicio a toda la junta directiva y la gerencia general de la Caja de Ahorros (CA) en el gobierno de Ricardo Martinelli (2009-2014), por irregularidades en el préstamo de $9 millones al contratista del fallido proyecto del centro de convenciones de Amador.
En su vista fiscal enviada al juzgado el 30 de noviembre pasado, Sterling pide juicio por la supuesta comisión de delito contra la administración pública (peculado) para Riccardo Francolini Arosemena, Ricardo Arango Pezet, Ricardo Chanis Correa, Anastacio Ruiz De León y Fernando Correa Jolly, antiguos miembros de la junta directiva de la CA. Lo mismo para Jayson Pastor y Rodrigo Arosemena Pino, gerente y subgerente –respectivamente- de la CA en el quinquenio pasado.
Francolini y Pastor están detenidos preventivamente en la sede de la Policía Nacional en Ancón.
La fiscal también pide juicio por la supuesta comisión de delito contra la administración público (en su modalidad de corrupción de funcionario público) para Felipe “Pipo” Virzi, Jairzon Lemer Hurtado, Manuel Antonio Morales Diez, Tobías Gustavo Garrido Nicolu, Ricardo "Ricki" Calvo Latorraca, Claudio Poma Murialdo y Mauricio Ortiz Quesada, todos ligados al consorcio HPC-Contratas-P&V.
Sterling también requirió enjuiciar a West Valdés e Iván Clare, exdirectivos de la intervenida casa de valores Financial Pacific (FP).
En tanto, la fiscal pidió sobreseimiento provisional a favor de Elyonor Samudio Avila, Voldy Wedemeyer Ortega, Eric Quintero Ysern, Luis Jafet Díaz, Luisa Sánchez de De la Hoy y Rolando López, seis funcionarios del banco que estuvieron ligados a la gestión del préstamo a HPC-Contratas-P&V.
En su escrito, la fiscal señala que Francolini tuvo una participación “de juez y parte” en la gestión del préstamo, ya que como presidente de la junta directiva de la CA asumió un rol “de promotor de dicho crédito” y no de “cuestionador”, que era el rol que le correspondía, en defensa de los intereses del banco.
Esta afirmación fue corroborada con los testimonios de Elyonor Samudio y Rodrigo Arosemena Pino, secretaria de la junta directiva y subgerente de la CA, respectivamente, entre otros.
En la investigación también consta que de los dineros que el banco desembolsó al contratista, $500 mil fueron depositados en una cuenta de la sociedad Summer Venture -donde Pipo Virzi y Ricki Calvo son firmantes-, que a su vez los transfirió a Desarrollo Promotora Las Andes, donde Francolini figura como accionista.
Igualmente, consta que Francolini y Manuel Morales son socios en la empresa Concreto y Agregados Balboa, S.A. Francolini es el accionista principal. A nombre de la concretera hay una cuenta en Capital Bank, que tiene como beneficiarios a Francolini, al expresidente Ricardo Martinelli y a Charles Chreim Azrak.
La fiscalía desconoce el paradero de Manuel Morales Díez, Ricardo Chanis y Mauricio Ortiz Quesada. Ricki Calvo mantiene una alerta roja de Interpol. West Valdés e Iván Clare no están en el país.
Más información en la edición impresa de La Prensa del jueves 8 de diciembre de 2016…
