La Fiscalía Primera de Drogas analiza la presentación de un recurso de casación contra la decisión del Tribunal de Juicio Oral, que este miércoles 2 de octubre declaró no culpables a 15 personas acusadas de los delitos de tráfico internacional de drogas, blanqueo de capitales, corrupción de funcionario público y asociación ilícita para delinquir, como parte de una red criminal conocida como El Gallero.
Durante la audiencia que se desarrolló en la sede del Primer Distrito Judicial, en Plaza Ágora, el Tribunal de Juicio estimó que la Fiscalía de Drogas no realizó una fundamentación de los hechos en modo, tiempo y lugar. Además, que tampoco presentó una individualización de los tipos penales que endilgó a cada uno de los imputados.
Los jueces Kathia Rodríguez, Aldo Jhonson y Marisol Osorio también consideraron que la Fiscalía presentó un extenso relato de los hechos sin determinar la conductas delictivas de cada uno de los investigados y que durante los cuatro meses que duró el juicio realizó variaciones en las acusaciones.
También estimaron que las interceptaciones telefónicas realizadas a los implicados, que eran la pieza fundamental de la teoría del caso de la Fiscalía, fueron obtenidas sin la autorización de una juez de garantías, por lo que no podían ser valoradas como prueba por el tribunal y, además, que las escuchas telefónicas realizadas no permiten establecer que se está en presencia de una organización criminal, como afirmó la Fiscalía.
Para el tribunal, la falta de autorización judicial para realizar las escuchas telefónicas fue una clara violación de las garantías fundamentales de los procesados y una violación del debido proceso.
También detallaron que la cadena de custodia de las pruebas digitales, que contenían las conversaciones de WhatsApp entre los investigados, fue defectuosa y que incluso algunos sellos aparecieron con alteraciones en las fechas.
Al mismo tiempo estimaron que se produjo el fenómeno del doble juzgamiento, ya que en los casos de los decomisos de 996 kilos de cocaína realizados en Sabana Grande y los 811 kilos decomisados en la playa de Chumajal, ambos en la provincia de Los Santos, existían sentencias en firme por parte de los tribunales de esa provincia y que no era posible vincular a este grupo de personas con casos ya sentenciados.
Dijeron que el caso del exalcalde de Los Santos Eudocio Pany Pérez y su asistente Eduardo José Vásquez, nunca se puedo acreditar en las diligencias de seguimiento hechas por la Policía Nacional que recibieron dinero procedente del narcotráfico.
