El Ministerio Público (MP) creó un despacho adjunto a la Fiscalía Especializada contra la Delincuencia Organizada para que adelante las investigaciones que se siguen a los ex secretarios ejecutivos del Consejo Nacional de Seguridad Gustavo Pérez y Alejandro Garuz, por interceptaciones telefónicas y de correos electrónicos cometidas durante el gobierno anterior.
Una fuente del MP confirmó que el fiscal a cargo del caso será Ricardo Muñoz, quien se desempeñaba como secretario de la Fiscalía Auxiliar de la República.
De acuerdo con la fuente, hasta el día de ayer la Fiscalía Auxiliar había tomado declaración jurada a 44 de las 150 víctimas de las escuchas telefónicas, y remitió a la Secretaría General de la Corte Suprema de Justicia cinco querellas penales interpuestas contra el expresidente Ricardo Martinelli por la supuesta comisión de delitos contra la inviolabilidad del secreto y el derecho a la intimidad.
El pasado lunes, el excandidato presidencial Juan Carlos Navarro y el abogado Rosendo Rivera presentaron querellas contra Martinelli por estos delitos.
Trascendió que estas acciones también deberán ser enviadas por el MP a la Corte Suprema de Justicia, entidad competente para tramitarlas, toda vez que el exgobernante es diputado del Parlamento Centroamericano.
Por este caso, la Fiscalía Auxiliar ordenó la detención preventiva de Garuz y de Pérez y su posterior traslado al centro penitenciario La Gran Joya el 16 de enero pasado.
El despacho del magistrado Abel Zamorano debe resolver dos recursos de hábeas corpus presentados por la defensa de ambos imputados, que alega que la detención preventiva aplicada por la Fiscalía es ilegal, ya que se les imputa un delito cuya pena de prisión es de entre 2 y 4 años y, por ende, no aplica dicha medida cautelar.
En tanto, la Fiscalía Segunda Anticorrupción adelanta un proceso por la pérdida de una máquina para realizar escuchas telefónicas que fue adquirida con fondos del Programa de Ayuda Nacional durante el gobierno pasado y que hasta ahora no sido ubicada por las autoridades.
La Fiscalía de Cuentas también solicitó una auditoría del Consejo de Seguridad Nacional, para determinar el mecanismo utilizado para la compra del equipo y a quién le fue adjudicado su custodia, operación y su posible paradero, lo cual no ha sido establecido por las autoridades hasta la fecha