La Fiscalía Tercera Anticorrupción ordenó una auditoría forense a la ejecución del contrato firmado entre el Estado y la empresa Selex, filial de la italiana Finmeccanica, para el suministro de 19 radares, a un costo de $125 millones. La auditoría solicitada por la fiscal Zuleyka Moore es parte de las pesquisas que adelanta su despacho en un proceso relacionado con la millonaria compra de equipos de seguridad, pactada durante el gobierno del presidente Ricardo Martinelli.
Moore inició la investigación, luego de que el ministro de Seguridad Pública, Rodolfo Aguilera, remitiera al Ministerio Público (MP) documentos confidenciales y el contrato alcanzado con Selex. Aguilera además aportó adendas, anexos, especificaciones técnicas, actas de inspecciones hechas a los radares por parte del Servicio Nacional Aeronaval y una auditoría de los equipos hecha por su despacho.
En ese entonces, el ministro pidió al MP determinar la posible existencia de sobreprecios, corrupción y si los radares eran útiles para los fines que fueron adquiridos. Sin embargo, meses antes, el presidente Juan Carlos Varela había revelado que los radares que ya fueron instalados no detectan el paso de lanchas rápidas, las cuales son usadas por los narcotraficantes para transportar la droga.
El proyecto de los radares en un inicio estuvo en manos del Consejo de Seguridad Nacional y bajo la coordinación del entonces director de ese organismo Alejandro Garuz, consuegro de Martinelli.
Hoy, Garuz se encuentra detenido en el centro penitenciario El Renacer, imputado en el caso de los pinchazos telefónicos. La semana pasada, la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia suspendió, provisionalmente, el acuerdo suscrito entre el Estado panameño y Selex.