La Fiscalía Quinta Anticorrupción solicitó a la Contraloría una auditoría sobre el proyecto ciudad hospitalaria (ahora ciudad de la salud), aprobado a un costo de $517 millones por el pasado gobierno.
Además, la fiscalía notificó ayer al exdirector de la Caja de Seguro Social (CSS) Guillermo Sáez-Llorens; al exministro de Salud Javier Díaz; a Alberto Maggiori, ex director ejecutivo de Finanzas y Administración; a Lizka Richards, ex subdirectora nacional de Instalaciones; a Linnet Monterrey, ex directora ejecutiva nacional de Ingeniería y Servicio de Apoyo; a Mirian de Sucre, ex subdirectora nacional de Compras, y a Nelson Dueñas, exfuncionario de la entidad, un proceso en su contra.
A todos se les ordenó indagatoria y se les imputó cargos por la supuesta comisión del delito contra la administración pública (peculado) por presuntas irregularidades en el manejo del millonario proyecto.
Una fuente judicial confirmó que la fiscalía evalúa llamar a indagatoria a los miembros de la junta directiva de la CSS que aprobaron, en 2012, el contrato para la ciudad hospitalaria firmado con la empresa Fomento de Construcciones y Contratas (FCC) y autorizaron los desembolsos para la obra.
Pesquisas adelantadas por la fiscal Janeth Rovetto dan cuentan de informes que señalan que la CSS pagó más de $200 millones al contratista, a pesar de que había poco margen de adelanto en el proyecto.
Durante una inspección a la ciudad hospitalaria, hecha por el contralor, Federico Humbert, y el director de la CSS, Estivenson Girón, se detectó la construcción de paredes de pladur -material parecido al gypsum- y no de bloque, como establecía el contrato.
Dimas Guevara, abogado de Maggiori, expresó que su cliente está dispuesto a comparecer a las autoridades.
Mientras Carlos Carrillo, defensa de Sáez-Llorens, dijo que su cliente dará las explicaciones y alegó que todos los desembolsos para el proyecto pasaron por la directiva de la CSS.