El Ministerio Público (MP) se encuentra a la espera de que el Tribunal Electoral (TE) emita una resolución formal en la que certifique que el levantamiento del fuero penal electoral no debe paralizar todo un proceso judicial.
Por eso, las fiscalías mantendrán suspendidos los casos tal como lo han hecho en los últimos meses.
Una fuente del MP informó que la procuradora de la Nación, Kenia Porcell, espera que los magistrados del TE le envíen una resolución de la Sala de Acuerdos con todo lo referente al fuero, prerrogativa de la que gozan los participantes de un torneo electoral, tal como lo dispone el artículo 183 del Código Electoral.
En el Departamento de Prensa de la instancia judicial comunicaron que Porcell y los magistrados del TE sostendrán una reunión en los próximos días para analizar el asunto.
Ayer, el magistrado Eduardo Valdés Escoffery informó a este medio que están a la espera de que la procuradora les diga qué día se reunirán.
demás del fuero, Valdés Escoffery dijo que hablarán de otros temas de interés entre las dos instituciones, como el posible uso de un antiguo edificio del TE por parte del Ministerio Público.
El debate por el alcance del fuero surgió luego de que la Dirección de Asesoría Legal del TE emitiera una opinión sobre la repercusión de esta protección legal.
La Dirección argumenta que una persona con fuero puede invocar esta figura a su favor ante una autoridad que surte un expediente; sin embargo, precisa que esta disposición busca proteger o conocer una garantía procesal solo a quien posiblemente le asista la misma, por lo que el efecto jurídico del fuero invocado es de “tipo diferido”; es decir, que se suspende el proceso solo para el presunto aforado.
“Todo lo que no dependa necesariamente del desafuero consultado continúa su curso”, concluye el TE.
No obstante, la procuradora ha dicho que “los fiscales suspenden la causa”.
El tema ha enfrentado, incluso, las opiniones de exfuncionarios del propio Ministerio Público.
Como el exfiscal Sofanor Espinosa, quien opinó que el TE tiene “toda la razón”, ya que paralizar un proceso porque uno de los investigados tenga fuero lesiona los derechos fundamentales del resto de los imputados.
Detalló que cuando una fiscalía lleva un proceso contra una persona con fuero, lo que se debe hacer es suspender cualquier tipo de diligencia relacionada con ella y avanzar el proceso con el resto de los imputados.
“La Constitución es clara al señalar que la justicia es ininterrumpida y cualquier acción contraria es una violación al debido proceso”, puntualizó.
Por su parte, el ex secretario general del MP Ramsés Barrera consideró acertada la postura asumida por las fiscalías Anticorrupción. Manifestó que un proceso penal no se puede dividir en varias partes; “es decir, no se puede hacer un peritaje para unos y para otros no por tener fuero”.
En tanto, el procurador de la Administración, Rigoberto González, dijo que este es un asunto “de interpretación”, en el que cada institución entiende la norma de forma diferente. Consideró que lo prudente sería la eliminación del fuero, ya que este “crea un privilegio para quienes lo invocan”.