La Fiscalía Auxiliar de la República inició de oficio una investigación por los “pinchazos” telefónicos ejecutados durante el pasado gobierno de Ricardo Martinelli.
Ayer, en horas de la madrugada, se realizaron 11 allanamientos simultáneos, cuyo resultado fue la detención de los exsecretarios del Consejo de Seguridad Nacional Gustavo Pérez y Alejandro Garuz, quienes fueron trasladados a la Dirección de Investigación Judicial (DIJ), donde fueron ubicados en celdas individuales. A ambos se les acusa por el delito contra la inviolabilidad del secreto y el derecho a la intimidad.
Personal de la DIJ detuvo a Pérez en su casa, en Brisas de Amador, y a Garuz, en su residencia, en el sector de Dos Mares. Además, la DIJ hizo allanamientos en la vivienda de la madre de Pérez, ubicada en San Francisco, y en las oficinas de Panamá Ports Company.
De acuerdo con fuentes del Ministerio Público hay otros dos exfuncionarios del Consejo de Seguridad Nacional a los que la Fiscalía Auxiliar le ha formulado cargos, pero sus nombres no fueron revelados.
Cristóbal Arboleda, abogado de Alejandro Garuz, fue el primero en presentarse a la DIJ. Lo hizo a las 9:30 a.m. y a su salida manifestó que la retención de su cliente no se amerita, ya que el delito del que se le acusa tiene pena de prisión de dos a cuatro años.
En tanto, Armando Fuentes, defensa legal de Pérez, expresó que esperará la actuación judicial referente a los cargos que se le imputan para iniciar sus acciones legales.
Tras las declaraciones de ambos juristas, Pérez fue trasladado a la Fiscalía Auxiliar para rendir indagatoria. Garuz se mantuvo en una de las celdas de la DIJ.
Minutos después, exactamente a las 10:00 a.m., la procuradora Kenia Porcell, en una conferencia de prensa, informó que la investigación de escuchas telefónicas sin autorización judicial no es parte de la que se sigue en la Fiscalía Anticorrupción por la pérdida de una máquina del Consejo de Seguridad.
De acuerdo con Porcell, en el proceso que lleva la Fiscalía Auxiliar de la República se determinó la utilización de un equipo capaz de intervenir las comunicaciones, que podía capturar mensajes de BlackBerry Messenger, WhatsApp, mensajería de correo electrónico, receptar audio de ambiente, acceso a las agendas telefónicas, información de las tarjetas de memoria, localizador para ubicar el sitio donde estaba el teléfono celular y hasta podía guardar las llamadas.
Explicó que la confirmación se dio tras las declaraciones de algunas de las víctimas. “Se ha corroborado que la información que existe en el expediente (que fue interceptada) coincide con la información reservada en sus correos y su información personal”, dijo.
Manifestó que la conferencia se dio en aras de dar tranquilidad a la ciudadanía y no revictimizar a las víctimas. “El sumario contiene información reservada, confidencial e íntima de determinadas personas”, destacó.
Adelantó que el fiscal Marcelino Aguilar se comunicará con las personas que fueron víctimas de los pinchazos telefónicos para que conozcan lo sucedido y decidan si quieren ser querellantes en la investigación.
“Hasta este momento no se ha encontrado que una autoridad judicial haya autorizado que terceras personas, utilizando el Consejo de Seguridad Nacional, hayan tenido acceso a esa información privada”, detalló.
Señaló que entre los afectados hay miembros de partidos políticos, comunicadores sociales, sindicalistas, dirigentes de las comarcas, miembros de la sociedad civil y empresarios.
Además, negó que la investigación responda a asuntos políticos. “No tengo ninguna vinculación con actividad política y como yo dije, el Ministerio Publico tiene que actuar con firmeza porque tenemos que responder a una sociedad”, dijo.
Indicó que las máquinas de espionaje no se han ubicado y descartó que estén en la Policía Nacional.
“Esos equipos están desaparecidos, nadie da fe de ellos. Se han hecho muchas diligencias”, expresó.
Por su parte, Aguilar informó que un peritaje forense permitió obtener pruebas e información de una computadora lap top que pertenece al Consejo de Seguridad. De ella se recuperaron algunos correos electrónicos, mensajes y audios captados desde los celulares de las víctimas.
Sin mencionar nombres, Aguilar aseguró que las pruebas han demostrado la participación directa de exfuncionarios del Consejo de Seguridad y por ello se ordenó la indagatoria de Garuz, Pérez y los otros dos exfuncionarios.
En horas de la noche y a su salida de la fiscalía, Armando Fuentes, abogado de Pérez, dijo que su cliente se considera inocente de los cargos que se le imputan; mientras que Cristóbal Arboleda, defensor de Garuz, manifestó que la diligencia de indagatoria fue suspendida y que se realizará hoy, a las 7:00 a.m. Ambos exfuncionarios fueron trasladados de vuelta a las celdas de la DIJ.